Por Andrés Vera Díaz
El alcalde de Fresnillo, Javier Torres ha emprendido una acción avalada por el cabildo, para la municipalización de Tránsito. Con dicho acto, dice que reordenará el caos vial en su demarcación, pero su iniciativa tiene muchas aristas cuestionables.
De hecho, ya destinó ocho millones de pesos para la creación de la corporación, pese a que no posee un plan de infraestructura específica, aunque según lo aprobado por los regidores prianistas, con la Dirección Municipal de Seguridad Vial y el Reglamento Municipal de Seguridad Vial invocando el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no considera de fondo, las implicaciones en materia de seguridad respecto a las atribuciones de la nueva corporación como primer respondiente – en el caso-, sobre actos que pudieran ser constitutivos de delitos del fuero federal, evidentemente en su estricta función; tampoco sobre la portación de armas, capacidad de detenciones y la seguridad social de los agentes.
La municipalización de tránsito no es nueva, de hecho un Decreto Gubernativo que surgió ante la petición de Tlaltenango en 2012 para transferir facultades, se sumó luego en 2015 Jerez, municipio que hizo lo propio cuándo gobernaba José Viramontes «Pepe Pasteles» del PAN. A un año de la sucesión gubernamental. Jerez adquirió dos automóviles, dos camionetas y dos motocicletas para tal efecto. Con un ingreso de cerca de dos millones de pesos, alcanzó para arreglar algunos semáforos, pintas para la vialidad y salarios, no más.
Decreto Gubernativo Programa de Transferencia de Funciones y Servicio Público de Transito by Andrés Vera Díaz
Luego, Fernando Uc, alcalde priista dio marcha atrás a la transferencia y se delegó de nuevo a Tránsito del Estado, ya entrado el quinquenio de Alejandro Tello por aquello de no ir contra las directrices de las siglas que mantuvieron el poder. La cuestión: no propiciar una andanada de municipalizaciones del servicio que pudieran ser usadas como grilla política contra el gobierno estatal.
Fue hasta 2019, que los gobiernos morenistas de Ulises Mejía y Julio César Chávez en Zacatecas y Guadalupe respectivamente, pretendieron aplicar el Decreto Gubernativo, pero pese a que en el ayuntamiento del hoy prófugo se dio paso en cabildo, al final decidieron no amarrarse pues la pertinencia de hacerla efectiva prendería un frente innecesario con Tello. Además, de que la inviabilidad en la infraestructura y obtención de réditos económicos no serían proporcionales a la inversión, a menos que emitieran multas a diestra y siniestra. Pero otro elemento se sirnió en ese momento, las carreteras y caminos estatales y federales están fuera de la competencia de la transferencia de servicio, por lo que de igual manera, Tránsito del Estado estaría presente en la demarcación, promoviendo singular desequilibrio a la respuesta sobre incidentes vehiculares. Esta situación es la que experimentará Fresnillo y en dado caso, Zacatecas capital, por lo que su ámbito de competencia será casi exclusivamente en la cabecera municipal.
Si bien, existe un antecedente jurídico publicado el 11 de enero del 2012 en el Periódico Oficial, en los que se establecen los lineamientos pata el Programa de Transferencia de Tránsito del Estado de Zacatecas a los Municipios, en las atribuciones que enmarca la Ley de Transporte, Tránsito y Vialidad del Estado de Zacatecas, existe una coincidencia. Por ejemplo, el ARTÍCULO 16 señala: La Secretaría de Seguridad tendrá a su cargo la Dirección de Policía Vial Preventiva, responsable del tránsito y la seguridad vial, la que estará integrada por elementos de policía dedicados exclusivamente a las funciones de esa naturaleza, mismos que se regirán por los principios de legalidad, disciplina, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos y se sujetarán a las normas, directrices y disposiciones en materia de seguridad pública, así como a los ordenamientos que regulan la selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, evaluación, reconocimiento, certificación, promoción, permanencia, remoción, cese y registro de servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.
El ARTÍCULO 19, establece precisamente las atribuciones de los Ayuntamientos en su ámbito de competencia, luego de que se cumplimenten los requisitos constitucionales y señala los mismos tópicos que el articulado anterior; sin embargo, la propia Ley constriñe a que dichos entes, solamente podrán emitir multas por conceptos de infracciones de movilidad, todas las demás atribuciones serán exclusivas del Gobierno del Estado, como expedir placas, tarjetas, calcomanías y demás signos de identificación que por la naturaleza de los vehículos y condiciones de prestación de los servicios, se consideren necesarios; controlar el Registro de vehículos dados de alta en el Estado y mantenerlo actualizado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad; diseñar y emitir los formatos para el control vehicular, conforme a los lineamientos y normas correspondientes; recaudar los diversos conceptos tributarios que deberán cubrir las personas, en materia de servicios de tránsito y transporte.
Así pues, la municipalización tendría de fondo un efecto recaudatorio más que de «orden» vehicular, pues es impensable que solamente 40 elementos contratados ex profeso puedan dirigir la movilidad en la cabecera municipal y 250 comunidades -como lo expresó el propio Torres-, menos con turnos de 13 elementos por cada uno, sin embargo, si podrán «cazar» infracciones so pretexto de la educación vial. Si bien, el «castigo» es una forma de evitar la reincidencia, tampoco es la mera solución final. Luego entonces, si la idea no es recaudatoria para evitar el costo político, ¿entonces cuál es?
De hecho, hubo personajes que dejaron entre ver que la transferencia para tener un cuerpo exclusivo -pues las policías municipales a pesar de la autonomía como ente constitucional están bajo la dinámica colaborativa en el contexto de reducir la incidencia delictiva estatal-, tendría un origen preocupante, pues podrían ser sujeto de coptación de grupos criminales para hacer las veces de halconeo.
No es que las corporaciones municipales estén exentos de esa práctica, pero una dirección de movilidad casi exclusiva en sus atribuciones y rendición de cuentas al despacho de la presidencia, tiene el riesgo de ser anexada a intereses criminales.
Entonces, ¿si el argumento es que los policias viales de Tránsito estatal no promueven el orden pero si la corrupción, porqué no evidenciarlo ante instancias pertinentes?, ¿es tanta la complicidad?; pero, ¿delegarlos a la dependencia municipal soluciona eso? Los antecedentes de Javo Torres con la emisión de contratos groseros a cercanos y sobre todo, empresas familiares, así como las adquisiciones de vehículos onerosos, el desinterés por reforzar a la policía municipal, a la SIAPASF, evitar el desmantelamiento de centros deportivos y arreglar la enorme cantidad de calles en pésimas condiciones, no es que emitan una certeza de que una corporación con capacidad de emitir infracciones económicas, sea para un propósito de orden.
De hecho, ¿cúanto podrá recabar de ingresos por multas?, ¿eso palia el derroche de su administración?, o ¿es una forma de obtención de recursos de cara al 2027?, pues… caras vemos e historial sabemos. Pero se suma además la «inversión» para la creación de la Dirección de Movilidad, según el cabildo, se destinaron ocho millones de pesos, de los cuales tendrá que erogar casi 6 millones anuales por concepto de salarios, si es que les pagase 12 mil pesos al mes a cada elemento de vialidad. ¿Y la gasolina de patrullas, y las refacciones, y los seguros, y las prestaciones, y el pago de régimen de seguridad social, y en todo caso, un «torito» para detenciones, y la papelería, y el armamento, y los uniformes, y, y, y…? Ya está desglosado el gasto ante el cabildo o se reetiquetó el recurso bajo una perene estimación?
Según el Decreto Gubernativo del 2012, establece que tras el plazo legal de 180 días naturales tras la notificación al Ejecutivo del Estado, el gobierno deberá determinar bajo que instrumento jurídico se actualizará la transferencia y que mínimamente contendrá los siguientes recursos: Los bienes mubles e inmuebles, parque vehicular y los recursos humanos, así como el presupuesto pendiente de ejercer en el año de transferencia. El problema será que no serán propiedad del Ayuntamiento, sino que se entregan a comodato y pese a que podría existir la conveniencia de no inversión, de cualquier forma deberá erogar por diferentes conceptos. entonces la «autonomía» municipal es mero pretexto.
Otro problema será la rendición de cuentas y la fiscalización de los recursos. Pese a que la dirección de movilidad se sujetaría al Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento, sujetándose así al secretario de gobierno y al propio alcalde, deberían estar sujetos al Órgano Interno de Control parala revisión de presuntos actos de corrupción y la fiscalización de los recursos, así como la expedición de multas e ingreso de recursos derivados a la tesorería municipal, ¿pero tendrá el OIC acceso?
Ahora, habrá que observar si existen contradicciones legales que se irán manifestando conforme al reglamento de vialidad aprobado por los regidores del PRIAN en Fresnillo. Por ejemplo, se autoriza la retención de documentos emitidos por el Estado, como licencia, tarjeta de circulación y placas del vehículo, lo que podría contravenir lo dispuesto por la legislación estatal en materia de expedición de los mismos y podría ser sujeto a una demanda. Es que en caso de infracción en carreteras de competencia municipal, si el infractor se pasa a una estatal, no tendría atribución el policía vial para sancionar y viceversa con los agentes estatales, ¿o sí?. El razonamiento legal será la supletoriedad de la Ley Estatal, entonces, ¿para qué una policía vial demarcada a territorios en específico si al final se van a amparar en ciertos casos por la competencia de la reglamentación estatal?
Proyecto Reglamento Mzo-25 Preventivos y Seg.vial by Andrés Vera Díaz
Por eso, la finalidad práctica de su creación se pone en entredicho como un mero capricho y berrinche politiquero, pues al culminar el día, se crean cuerpos que duplican funciones con el objetivo de qué, ¿recaudar?, porque no han existido argumentos esenciales que justifiquen su desincorporación.
¿En verdad se necesita otro cuerpo policiaco constreñido a funciones delimitativas y con restricciones territoriales en su propia demarcación, ¿no sería más conveniente una reingeniería de la Policía Vial del Estado, con candados certeros como cámaras corporales, verdaderas comisiones de honor y justicia interna, capacitaciones y certificaciones de verdadero nivel, promoción de la denuncia ciudadana y oficinas de queja que sientan precedente para posibles demandas?
Ahora, se podrá expresar que la lógica obedece a que si existen las policías preventivas municipales, también podrían las de vialidad; sin embargo, la diferencia radica en la separación de faltas administrativas o de delitos del fuero local y federal, pese a que combinan funciones y también se establecen sus limitaciones en los ámbitos de competencia, no tienen capacidad de emitir sanciones económicas por sí mismos.
Así pues, el fondo es evidentemente los recursos de recaudación por la emisión de infracciones. El enojo del gobernador David Monreal se enfocó en Fresnillo, pese a que Río Grande y Jalpa han caminado por esa ruta, entonces, el conflicto que antecede la disputa política, es que la posibilidad de que la inercia promueva ante los ayuntamientos de oposición la transferencia del servicio y por ende, una pérdida que resultaría significativa en el ingreso por sanciones de tránsito, pero igualmente, que se trasladen los favores especiales a concesionarios, cuotas y otros pormenores que son usos y costumbres en la corporación.
Si no es un acto recaudatorio de Torres, ¿porqué lo anexo en el presupuesto de ingresos avalado por la LXV Legislatura? Y bueno, que golazo les acomodó el año pasado, porque en su momento, el tema no generó la estridencia actual.
