Por Andrés Vera Díaz
El renovado debate sobre la eliminación de las plurinominales entra en la generalidad de la viabilidad política y su moralidad.
La hegemonía de Morena como fuerza preponderante y la pretensión de enterrar la representación proporcional como esquema de sobrevivencia de la oposición, se colocan en un escenario que fomenta la discusión de si personifica esa figura sectores sociales o si es una forma antidemocrática de cotos de poder.
Entre sus orígenes, por allá en la época de los 70´s, surgieron dichas diputaciones como una forma de otorgar cierta representación a minorías partidistas, pero no es que en estricto rigor, sea una forma de democratización per se. En realidad, nadie votó por éstas, sino que la fórmula de distribución en realidad alejan a los institutos políticos de la propuesta y competencia directa.
Por un lado, su origen otorgó la posibilidad de expandir el pensamiento crítico a un sistema totalitario y de pensamiento único como era el aplastante PRI de la época, pero pasaron 40 años para que se materializara la verdadera alternancia con el arribo de Morena. Entonces, los llamados «contrapesos» surgidos de las plurinominales no existían en una dimensión real.
Ahora, la propuesta para su erradicación o reducción pese a que Morena pudo crecer con la presencia de esos cargos, evidencia la necesidad de desaparecerlos como una forma de rescindir de oposiciones de facto.
Este tema, impulsado con fuerza por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no solo implica un cambio estructural en la conformación del Poder Legislativo, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la representatividad democrática, el uso de recursos públicos y el futuro del pluralismo político en México.
La figura de los diputados plurinominales fue introducida durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982) como parte de una reforma política destinada a permitir una mayor participación de partidos opositores en un sistema dominado por el PRI.
En las décadas de 1960 y 1970, México vivía bajo un régimen de partido hegemónico, donde el PRI controlaba casi la totalidad de los cargos de elección popular. La reforma de 1977 buscó integrar a fuerzas políticas minoritarias al Congreso, incluso si no ganaban en distritos uninominales. Así pues, se estableció que el 25% de la Cámara de Diputados (100 escaños en ese entonces) sería asignado por representación proporcional.
Tras las controvertidas elecciones de 1988 y la creciente demanda de democratización, en 1996 se aprobó una reforma electoral más profunda que produjo (300 diputados uninominales (electos por mayoría relativa en distritos) y 200 plurinominales (asignados por representación proporcional en listas partidistas).
Su función teórica era garantizar que partidos con votación nacional, pero sin victorias en distritos, tuvieran representación. Sin embargo, a lo largo de los años, los plurinominales han sido objeto de fuertes cuestionamientos, y es que muchos legisladores plurinominales son designados por las cúpulas partidistas sin haber competido; además de que al no ser electos directamente por los ciudadanos, su legitimidad democrática ha sido puesta en duda.
Ahora, mantener 200 diputados plurinominales implica un gasto considerable para el país. Según datos oficiales de la Cámara de Diputados (2023), los gastos directos por legislador son: Sueldo base: $150,000 MXN mensuales; bonos y prestaciones: entre $50,000 y $100,000 MXN adicionales (viáticos, gastos médicos, seguros); gastos operativos: oficinas, asesores, transporte (aproximadamente $200,000 MXN al mes). Total anual por diputado: Entre $4.8 y $5.4 millones de pesos. Costo Total para el Erario Público de 200 diputados plurinominales: entre $960 millones y $1,080 millones de pesos al año. En una legislatura (3 años): $2,880 a 3,240 millones de pesos.
Ahora, el dilema encuentra severas contradicciones. Desde el uso de las plurinominales como forma de asentamiento de la izquierda mexicana en años anteriores, hasta la propia designación de esos espacios que han dejado un rastro de improductividad, succión al erario y entrega de espacios a ignorant@s y vividor@s. Tampoco es que la representación de mayoría garantice lo contrario, de hecho, la estructura diseñada también abona a que simples levanta manos y lamebotas de los poderes en turnos, asuman curules sin hacer campaña, y en Morena sobran, vaya que abundan.
Pero, ¿esto abre el debate al propio otorgamiento de candidaturas con perfiles idóneos o sencillamente busca eliminar a una competencia indirecta con votos ejercidos para perfiles específicos de mayoría?, es que sencillamente, nadie votó por las listas plurinominales. Entonces, es el propio partido dominante el que debería sostener una autocrítica, porque la obtención de espacios a como de lugar, sostiene por sí misma la estructura partidista . gubernamental, pero de fondo no fomenta una transformación de la práctica en el ejercicio del poder.
De hecho, se podrían enumerar casos tanto en lo federal como en lo local, de plurinominales que argumentan con iniciativas (algunas de relleno hay que decirlo, pero otras con viabilidad social), más que muchos que llegaron por la vía directa y calientan la curul.
Entonces, ¿se trata de ocupar el cargo bajo una directriz específica como bloques de una estructura superior o en realidad cumplimenta legalmente su función para la cuál fueron elegidos?
La discrepancia se extiende a prácticamente todos los partidos políticos, en los que es casi por coyuntura, cuándo representan a sus votantes, pero también es impensable negar que deben responder a cúpulas o intereses de grupos más locales.
Ahora, desde la estricta democracia, las legislaturas deberían ser elegidas bajo la votación directa, pues entonces, la extensión de la figura proporcional tendría que pasar también al Poder Judicial y eso es algo que contraviene la esencia de la reforma al respecto.
En todo caso, existen nichos específicos en los que la propuesta y la acción palpable debieran ser el marco de referencia para el convencimiento de plataformas políticas, y en este sentido, la oposición mexicana y zacatecana se encuentra en una crisis profunda de legitimidad; de ahí el reproche a la pretensión de eliminar las plurinominales o modificar la fórmula respectiva para su designación, como el caso de Zacatecas en las que además, se pretendería hasta socavar la votación de partidos que no alcancen el porcentaje mínimo para el registro.
Por lo pronto, los partidos llamados «pequeños» en Zacatecas que se aglutinan en una oposición coyuntural, han expresado su descontento y no es para menos, pero en el requerimiento (aunque sea teórico) de autocrítica, tampoco extienden el análisis puntual y de corresponsabilidad, del porqué la preferencia electoral no les beneficia de manera directa.
Los aliados de la 4T, tanto nacional como local en todo caso, son los que tendrían un afectación funesta si se da paso a la eliminación de sus proporcionales. Con la posibilidad de ser engullidos y olvidados en el propio seno del morenismo, pasarían a la misma suerte que la oposición.
El priismo local no ve con saña la posibilidad de una reforma al artículo 25 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, y modificar la fórmula para la designación de plurinominales, pues bajo el nuevo esquema, podrían acceder a una mayor representación, Y es que en la propuesta de la diputada María Dolores Trejo, se incluye el total de votos —hasta nulos o por candidatos no registrados—, lo que aumenta el universo de votos para los partidos mayor sufragados y afecta a los partidos con menor votación, que podrían quedar sin representación.
Así pues, existen pros y contras, desde el tecnicismo hasta la cultura política. Se reduciría el gasto público en un contexto de austeridad. Habría mayor legitimidad, pues solo entrarían diputados con votación directa.
Por el otro lado, los partidos pequeños perderían representación y habría mayor concentración de poder que favorecería a los partidos dominantes (Morena, PAN, PRI), salvo los contextos locales en los que evidentemente habrá apoyos u oposiciones dependiendo de la entidad federativa que debiera reformar sus legislaciones al respecto.
La viabilidad en todo caso, para elevar el debate público y que exista predominancia en la propuesta más que en la descalificación sería una Reforma Integral con nuevas reglas, como combinar reducción de escaños con umbrales mínimos de votación. Por ejemplo 100 plurinominales (en lugar de 200), asignados solo a partidos con al menos 5% de votos. Mismo caso para Zacatecas en el porcentaje del 50% de reducción.
De hecho, la presidenta Sheinbaum ha propuesto no una eliminación total, sino su moderación a que reduzca, pero no elimine los plurinominales. Por lo tanto, se debieran establecer filtros claros (ej. porcentaje mínimo de votos que en realidad les otorgue cierta legitimidad y representación popular), así como un crecimiento realmente perceptivo en su estructura y plataforma política.
