Por Andrés Vera Díaz
Finalmente, tras semanas de protestas álgidas y legítimas, estudiantes de la máxima casa de estudios lograron la rescisión laboral del ex rector y sentenciado por abuso sexual contra una menor, Rubén Ibarra.
Fue Armando Flores, actual mandatario de la UAZ quien dio a conocer el documento en el que se da cuenta de la culminación laboral de Rubén Ibarra Reyes y dirigido a Jenny González Arenas, secretaria general del SPAUAZ. En el patio de rectoría, ante un grupo de estudiantes y frente a algunos medios de comunicación, el rector en funciones mostró el escrito que lleva sello y firma.
El acto generó molestia en la dirigencia del SPAUAZ, que pretendía publicarlo de primera cuenta para generar la percepción de que fue un logro generado desde las inoperantes oficinas del gremio.
A la par, Sonia Viramontes, Secretaria de Actividades Culturales y quien tras sendas críticas a González por lanzarse a la rectoría, se retractara sin una explicación certera, pues hasta había emitido un pronunciamiento al respecto en algunos medios, aparecía con la toma de las instalaciones de la oficina central con la misma dinámica.
Si bien, la lucha estudiantil rindió frutos para la baja de Ibarra, que además deberá sustentarse en la notificación al Sistema Nacional de Investigadores y al Programa para el Desarrollo Profesional Docente, evidentemente marca un hito en la lucha de los educandos.
Pero entones, ¿es un éxito del movimiento estudiantil o del inoperante SPAUAZ?, pues en estricto rigor debería existir una diferenciación. Varios docentes, aclamaron y reconocieron el hecho como un logro de los estudiantes, así pues, es pertinente reconocer que su voz tuvo mucho más consonancia que la propia dirigencia del sindicato.
La solidaridad del SPAUAZ . o digamos del Comité- hacia el movimiento y que justificó el cierre de sus puertas durante largo periodo, pareció más un pretexto ante la incapacidad derivada de las medidas cautelares para que Jenny no tocase las finanzas del sindicato en lo que se resuelve la denuncia por presunta mala administración, que un verdadero espaldarazo. ¿Y quién puede firmar préstamos?, por ejemplo.
Ahora bien, ante la sentencia por abuso sexual contra Rubén Ibarra, evidentemente se pretendería con legitimidad y razón, que ya no tuviera relación laboral con la institución. Se entiende perfectamente que la animadversión y repudio tanto al interior como al exterior precedía la exigencia de expulsión, pero aún y con el repudiable y reconocido acto; sí, aún así, Ibarra en estricto rigor legal, poseía la posibilidad de invocar sus derechos laborales.
La ruta no era sencilla en la trama legal. Primero debía justificarse su rescisión para evitar en todo caso, una contrademanda.; pues al tiempo, es reconocible que cualquier despido no enmarcado bajo preceptos jurídicos -en cualquier ente, ya sea privado, gubernamental o en el caso específico- promueve la defensa de los derechos adquiridos. Que no se entiendan estas líneas como una defensa a ultranza de Ibarra, porque hay cada despistad@ o malinterpretación.
Sin embargo, el debate se centra precisamente en el causal de rescisión laboral, pues el propio documento señala que no son por causas imputables a la institución, entonces, pareciera que se abre la posibilidad de que Ibarra promueva su recontratación o una jugosa indemnización.
El artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo -a la que se sujeta el Contrato Colectivo de Trabajo- , establece que el patrón puede rescindir la relación por causa justificada sin incurrir en responsabilidad, y el artículo 47, fracción VIII, contempla como causa “cometer actos inmorales o de abuso sexual”. Así pues, el causal está justificado; pero entonces el resultado deberá ahora enfocarse a un nuevo frente.
Existen muchos casos, desde hace varios rectorados, de acoso sexual y laboral en la institución, mismos que no ha tenido un efecto legal. El caso de Ibarra es la caja de Pandora que permitiría proceder contra los acosadores, ya con un antecedente, podría abrir una nueva etapa. La cuestión será que también existan sentencias en firme, si es que las denuncias respectivas han sido ratificadas y se les ha dado el seguimiento respectivo.
Sin embargo, también abre la posibilidad de un encontronazo político. ¿Estarán dispuestos los diferentes grupos a sustentar y defender sin distinción las acusaciones pasadas y futuras?, pues en algunos tendederos, fue notoria la intencionalidad de expresar la situación casi exclusivamente a una sola planilla, la antagónica a las pretensiones patronales de una ex candidata.
Ahora, el repugnante caso de Ibarra, sirvió también como una forma de despresurización del caso por presunta mala administración. La solicitud de recusación contra la jueza que imputó a Jenny fue de manera extemporánea, si bien la juzgadora debió excusarse de antemano de un conflicto de interés, tampoco es que el abogado Soto haya apelado la vinculación a proceso en la audiencia para tal efecto, lo cuál es un derecho accesible. Curioso que la misa imputada, abogada, así como su actual pareja lo sea. Anecdótico.
La solicitud de amparo de González en contra de la vinculación a proceso ya está en trámite. el Juzgado Primero de Distrito enlistó el juicio d amparo 1665/2025 a nombre de la dirigente del SPAUAZ y a quien pesan medidas cautelares en su contra, como la de no tocar las finanzas del sindicato, lo que ha llevado en un sentido amplio, a cerrar sus puertas bajo el pretexto de una solidaridad con la base estudiantil.
Ahora, ya con el asunto de Ibarra dirimido, ¿cómo caminar en el sindicato sin el parapeto del mismo? Hasta ahora, no se ha dado a conocer con la estricta transparencia, como fue el proceso de adquisición de un inmueble del Issste, como fue el proceso de adquisición de deuda y si existieron opciones diferentes con menor taza de interés y por ende, menor peso a las aportaciones de los agremiados.
Tampoco, con ese sentido de urgencia y exigencia, se pone sobre la mesa una reforma integral a los estatutos del sindicato, como si fuesen completamente perfectos e inclusivos. Esos mismos, que abren la puerta a un manejo discrecional de los fondos propios y de la Fundación. ¿Ese no es menester o no es un tema que deba cautivar al profesorado?
Al actual Comité Ejecutivo le queda poco tiempo para llevar a buen puerto su administración. Las próximas elecciones ya enseñan rostros y caretas, sobre todo en el escenario mediático, pero, ¿es eso suficiente para hacerse publicidad en la endeble construcción de una plataforma verdaderamente apegada a los intereses del profesorado?
¿Se vienen más paros y tomas auspiciados por grupos ante situaciones que deben agotar instancias?, ¿será una estrategia de desgaste ante la indigerible derrota o acaso habrán verdaderamente defensa de los derechos laborales y estudiantiles en pro de la reestructuración de la Universidad? Ya lo veremos, lo que si, es que la máxima casa de estudios debe reencontrarse con su vocación social, de aportación, y retomar su papel como activo preponderante en la vida del estado.
No pueden desestimarse luchas legítimas como el caso de rescisión a Ibarra, y el tiempo deberá colocar a cada quien en el lugar que le corresponde.
