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De programas sociales a derechos


De programas sociales a derechos

Por Ricardo Arteaga Anaya

Los programas sociales en México han sido utilizados para controlar electoralmente a la población, de igual forma para controlar los índices de pobreza y manipularlos a antojo, así como para triangular millones de pesos como lo hicieron en la Estafa Maestra, aquella por la que Rosario Robles enfrenta a la justicia, justificando la creación de los mismos en el bienestar social.

La desigualdad no ha disminuido a pesar de los miles de millones de pesos destinados a través de programas sociales ni a pesar de la gran cantidad de programas existentes. Gobierno tras gobierno se ha buscado imprimir un sello personal, ideológico e incluso partidista (idealista) a cada administración municipal, estatal y federal sin excepción. Cada gobierno, en especial los federales, buscan realizar cambios y eliminar de la memoria colectiva cualquier rastro de su antecesor, principalmente cuando se trata de un actor político ajeno a su grupo partidista o perteneciente a otro partido político.

Es así que cada 3 o seis años, los mexicanos somos testigos del gran desperdicio de recurso en el intento de cambiar los programas sociales, manteniendo únicamente aquellos que funcionan para operar electoralmente a través de la creación de “estructuras electorales” que pueden movilizarse durante las campañas políticas, así como el día de la jornada electoral, llevando al fracaso el combate contra la desigualdad, la pobreza y por ende contra la injusticia e inseguridad, los programas no estaban diseñados para lo que durante años nos prometieron.

Andrés Manuel López Obrador ha sido criticado desde hace años por su visión de cambiar la forma en que operan dichos programas sociales, catalogándolos como populistas. Cuando fue Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal, logró realizar cambios modificando la ley, desde su administración los adultos mayores reciben una pensión mensual que incrementó semanas después de haber obtenido el triunfo como Presidente de México.

Hace algunos días, la Cámara de Diputados discutió y aprobó una reforma al artículo cuarto Constitucional con el objetivo de establecer como derecho a recibir, así como la obligación del Estado (sin importar de qué partido emane el gobernante) de brindar una atención integral y gratuita de los servicios de salud, incluso para quienes no cuenten con algún tipo de seguridad social, de igual forma se establece como derecho a recibir un apoyo económico a todas aquellas personas que tengan una discapacidad permanente, a las personas mayores de sesenta y ocho años, así como un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares, estableciendo como prioritario el proporcionárselo a indígenas, afroamericanos y a quienes se encuentren en condiciones de pobreza.

De esta forma se da un giro por completo a los programas sociales en nuestro país, por primera vez son elevados a rango de Derechos para que todas las personas en condiciones de pobreza puedan recibirlos sin ser vistos como un voto más, el Estado deberá brindarlos sin excepción alguna.  Es importante que los mexicanos comprendamos lo que ello significa, pues estos dejarán de ser vistos como un favor hecho por el gobernante en turno y se camina cada vez más a un país en el que la participación en los asuntos públicos cambia, el acarreo en favor de actores políticos con aspiraciones a cargos terminará conforme los ciudadanos entendamos que es un derecho el recibir el apoyo. Un acierto más de la cuarta transformación encaminado al cambio de la vida pública del país.

 

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