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Privatización del agua y contaminación minera; Desde Zacatecas, una mirada a la crisis en Chile


Privatización del agua y contaminación minera; Desde Zacatecas, una mirada a la crisis en Chile

Por Alfredo Valadez Rodríguez / Especial – PERIÓMETRO

La cancelación de la conferencia global sobre Cambio Climático (COP-25) y la reunión del Foro de Cooperación Asia – Pacífico (APEC), que iban a realizarse a finales de noviembre y principios de diciembre próximo, en Santiago de Chile, fue una acción inteligente de los organismos internacionales que encabeza la ONU, conscientes de la enorme inconformidad social que se tradujo en las recientes manifestaciones públicas, en las que han participado más de un millón de chilenos, inconformes con el régimen neoliberal del presidente Sebastián Piñera.

Aún antes de que arrancaran las manifestaciones multitudinarias,  hace tres semanas, se exigía públicamente la anulación de los dos eventos internacionales, ante el agravio que han provocado en esa nación sudamericana, los problemas socio ambientales que el gobierno chileno no ha atendido, y de los que muy pocos medios de comunicación en el mundo hablan.

Expuso lo anterior el activista chileno Ricardo Pérez Abarca, coordinador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES), quien señaló que entre los agravios sentidos por el pueblo chileno, están la privatización del agua, incluyendo ríos y lagos completos,  así como la enorme contaminación medio ambiental, provocada por compañías mineras y plantas de producción de electricidad con carbón.

Pérez Abarca estuvo presente en Zacatecas, para hablar sobre la problemática severa que aqueja a su país, donde uno de los problemas más graves tienen que ver con la contaminación minera, como lo expuso la conferencia denominada “Zonas de Sacrificio y Desarrollo Insostenible en Chile”, que presentó en la escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En su disertación, el joven chileno planteó cómo, desde el año 2016, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), admitió en un informe que, a pesar del incipiente aumento en las mejoras de calidad de vida de los chilenos, el medio ambiente y la salud estaban ya seriamente deteriorados:

“Este crecimiento sólo se vio acompañado de una tenaz persistencia de la desigualdad de los ingresos y de mayores presiones sobre el medioambiente, sobre todo, la contaminación atmosférica, la escases del agua, pérdida de hábitats, y la contaminación de agua y el suelo”.

Ocurrió lo mismo señaló Pérez Abarca, en el Informe País de Chile sobre estado del Medio Ambiente que se presentó en el año 2015 en la Universidad de Chile –donde él es académico-, y que concluyó que el gobierno en ese país sudamericano “privilegio por sobre cualquier otra dimensión, el crecimiento económico”. El problema es tan grave, que actualmente existen dijo, 116 conflictos socio ambientales, en Chile, de los cuales 62 están activos y 30 más en estatus de “latentes”.

Entre las zonas y ciudades del país sudamericano con más problemas, se encuentran las regiones de Quintero y Puchuncaví, consideradas ahora, como “zonas de sacrificio y de desarrollo insostenible”.

Pérez Abarca señaló que para el mismo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de Chile, los conflictos socio ambientales producen “una importante cantidad de externalidades negativas sobre la salud de las personas, el medio ambiente y el acceso al agua”.

Incluso reseñó el activista chileno, a principios de septiembre pasado, cientos de habitantes de las localidades de Quintero y Puchuncaví marcharon, ante la emergencia ambiental que provocó la intoxicación de unas 600 personas de ambas localidades, por sustancias químicas industriales.

Sólo en la bahía de Quintero, dijo, están instaladas, prácticamente sin regulación, un cúmulo de empresas –privadas y públicas-, que vierten sus desechos a la atmósfera, suelo y mar. Entre ellas están una empresa de asfalto, Cementos Bio Bio, Gasmar, Enap, Epoxa, AES Gener, Puerto Ventanas, Codelco Ventanas, Oxiquim, Terminal de Gas Licuado Quintero, y una planta de Shell.

Peor aún, en otro agravio al pueblo chileno, la constitución del país –que es la misma desde la dictadura de Augusto Pinochet-, permite la privatización total de los cuerpos de agua, como ríos y lagos, por lo cual un agudo reclamo de las protestas que ahora se producen, multitudinariamente, es su derogación.

Como ejemplo, señaló Pérez Abarca, 12 de los principales ríos de Chile, son propiedad de empresas trasnacionales estadounidenses, españolas o suizas: de los ríos Cuervo y Blanco, su dueño es la empresa Xstrata; los ríos Bravo, Cisnes, Figueroa, Chacabuco, Pascua y Palena son propiedad de AES Gener; los ríos Baker, Futalefú, Puelo y Manso, son propiedad de la compañía Endesa – Colbún.

Otro agravio histórico en materia socioambiental, para el pueblo chileno, es la contaminación de las compañías mineras y los efectos nocivos que su actividad produce, a los ecosistemas y la salud humana.

Actualmente existe enorme oposición popular, indicó Pérez Abarca, al proyecto minero portuario “Dominga”, de la empresa “Andes Iron”, que será explotada bajo el método a cielo abierto durante 27 años, de la que se pretende extraer 12 millones de toneladas de hierro (FE) y al menos 150 mil toneladas de cobre (CU).

Tendrá dos enormes cráteres: el Tajo Norte, con 150 hectáreas de superficie y 450 m de profundidad, mientras que el Tajo Sur tendrá 370 hectáreas de superficie y 540 metros de profundidad. “Ambos con un potencial de generación de aguas ácidas y sulfatos”.

La comunidad académica y científica, ha advertido que el proyecto minero portuario “Dominga”, en las costas de Chile, se encuentra muy  cerca de la reserva nacional Pingüino de Humboldt y de las reservas marinas Isla Charañal e Isla Choros y Damas, que se prevé, dijo Pérez Abarca, sean alcanzadas por los efectos contaminantes del enorme yacimiento.

Ya son más de tres semanas de protestas masivas en Chile. Porque hay dos demandas populares que no se han cumplido: la renuncia del presidente Sebastián Piñera, y la creación de una nueva constitución política, donde se reconozcan los derechos sociales, y sea garantizado el derecho humano al agua.

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