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Las “extorsiones” en el caso Peñasquito; se desvanecen posturas


Las “extorsiones” en el caso Peñasquito; se desvanecen posturas

Por Alfredo Valadez Rodríguez / Especial -PERIOMETRO

Las últimas semanas Zacatecas ha sido noticia nacional e internacional, por el conflicto comunitario – empresarial, que existe en torno a la mina de oro y plata “Peñasquito”, operada bajo el método “a cielo abierto”, y que es, en toda su extensión, la más grande de América Latina en su tipo.

Los reclamos de los campesinos y transportistas locales, hacia las trasnacionales que operan la mina: Newmont y Goldcorp, parecen obvios: agua, empleo, remediación ambiental, e indemnización por los daños ecológicos causados.  Esas demandas comunitarias no satisfechas, han provocado que los habitantes de Mazapil, hayan bloqueado los accesos a Peñasquito, durante tres ocasiones, este año.

La compañía extranjera, por su parte, acusa a los habitantes locales de “extorsión”, ya que piden cosas que –jurídicamente-, no estaban estipuladas en los contratos de ocupación temporal de las tierras que rentaron en Mazapil. Para los accionistas extranjeros, lo más “grave”, es que la gente de Zacatecas les exija el pago de una indemnización, monetaria, por los daños que han causado. (A pesar de que esa posible indemnización, no se compare con todo el volumen de riqueza en oro y plata, que extraen del lugar).

Desde la perspectiva de quienes extraen el oro y plata en Peñasquito, los ejidatarios y transportistas reciben lo que legalmente se acordó desde un principio. Pero los estadounidenses y canadienses, no ven los daños y perjuicios severos que su minería de gran calado, ha ocasionado en la región: el abatimiento de los mantos freáticos, el agotamiento de pozos agrícolas y un manantial de agua dulce.

Tampoco les importa echar abajo acuerdos con los transportistas –una gran parte de ellos ejidatarios-, a quienes se les había prometido trabajo acarreando minerales en el enclave. Asimismo, literalmente no les importa la contaminación severa y los daños al medioambiente que ya están provocando, pasivos que dejarán en forma permanente, con todos sus nocivos efectos, en el extenso ecosistema del valle de Mazapil.

Sin embargo no solo la comunidad de San Juan de Cedros y los habitantes del semidesierto de Zacatecas, han intentado “extorsionar” a los accionistas extranjeros de Newmont y Goldcorp.

También en algún momento, el gobierno de Zacatecas, que encabeza Alejandro Tello Cristerna, se convirtió en un “extorsionador”, para los accionistas de la minera Peñasquito (y para otros magnates mexicanos de emporios mineros como Minera México, Grupo Peñoles – Fresnillo PLC y Grupo Frisco), cuando en la ley de ingresos y presupuesto de egresos del año 2017, el mandatario local propuso cobrar a todas las compañías industriales de la entidad –particularmente a las mineras-, el Impuesto Ecológico.

Los magnates nacionales de la minería, y los mismos dueños de Peñasquito, orquestaron una campaña mediática nacional, contra el propio Alejandro Tello Cristerna,  e intentaron desestabilizar su gobierno, al promover aquella toma de la autopista Zacatecas – Fresnillo y del aeropuerto internacional de Calera.

Y decidieron además, promover varios amparos contra el nuevo gravamen local, con el único propósito de no pagar, por la grave y gigantesca contaminación que producen en sus procesos industriales, como el propio gobierno les demostró, con cálculos de la Secretaría de Economía, en emisiones de CO2, sustancias químicas, polvo-polución, tepetate y jales al suelo y subsuelo, entre otras sustancias contaminantes.

Otra empresa trasnacional que se amparó contra el Impuesto Ecológico, fue la Compañía Cervecera de Zacatecas del Grupo Modelo, que es además la fábrica de cerveza más grande del mundo. Así es, no hay otra factoría en el mundo, ni en Alemania, Estados Unidos de Norteamérica ni Brasil, que en este momento produzca y exporte más cerveza, que la planta ubicada en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

Dicha planta de Calera, produce cada día, incluidos los sábados y domingos de todo el año, 20 millones de latas de cerveza. Son datos oficiales de la compañía, proporcionados a la prensa internacional especializada en economía, como Bloomberg y FORBES. Consume esta empresa cada año, literalmente, océanos de agua subterránea, de calidad óptima para producir cerveza… y también impacta y contamina el medio ambiente de forma importante. Pero no quiere pagar al gobierno de Zacatecas –es decir contribuir con el erario-, con el Impuesto Ecológico.

Paradójicamente, en los tiempos del gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza Andrés Manuel López Obrador,  los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), decidieron ponerse a trabajar, y dos años después, emitieron un fallo favorable al gobierno y pueblo de Zacatecas, que  comienza a surtir efectos, en los Tribunales Colegiados de Circuito del país, donde estaban radicados los amparos de las mineras y de la cervecería. Y esos fallos, tienen una óptica muy distinta  a la de las empresas.

Es así que a principios de este mes de Octubre de 2019, la compañía minera Peñasquito perdió el amparo que interpuso en el año 2017, contra el pago de los cuatro impuestos ecológicos que creó el gobierno de Zacatecas en ese año, por lo que ahora deberá cubrir un multimillonario pago, en el que la Secretaría de Finanzas incluirá el cobro de “accesorios, actualizaciones y recargos”, por los tres periodos anuales transcurridos desde entonces.

Alejandro González Navarro, Procurador Fiscal del gobierno de Zacatecas, en entrevista con este reportero informó que el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, con sede en Coatzacoalcos Veracruz, en apoyo del Tribunal Colegiado de Circuito de Zacatecas, falló en contra del amparo de la minera Peñasquito, propiedad de las compañías Newton y Goldcorp. La cifra exacta del monto que por concepto de impuestos ecológicos deberá cubrir dicha empresa, será determinará con exactitud, en los próximos días.

El Procurador Fiscal de Zacatecas, indicó que ahora nuestra entidad “es un parteaguas, en un nuevo federalismo fiscal para la nación y además somos punta de lanza a nivel Latinoamérica, de los pioneros en generar estas contribuciones a nivel de gobiernos subnacionales, para los estados”.

La estimación del cobro fiscal, que deberán cubrir las 19 empresas que en su momento se ampararon, es superior a los 3 mil 600 millones de pesos, de impuestos que no pagaron las trasnacionales en los años 2017, 2018 y 2019. ¿Cómo gastará esos miles de millones de pesos el gobernador Alejandro Tello? ¿En qué? Esa es la cuestión, ahora. (

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