Por: Alfredo Valadez Rodríguez / Especial PERIÓMETRO
La historia de los conflictos comunitarios en Mazapil, con la mina de oro y plata a cielo abierto Peñasquito, es muy añeja. Compleja. Multifactorial. Poco a poco han crecido en una década los problemas con la empresa trasnacional –la más grande de su tipo en América latina-, en un sospechoso contubernio discursivo con el gobierno, protegiendo los intereses capitalistas mineros, con el argumento de que son un factor de crecimiento y desarrollo económico para todo el estado. Pero esa es una gran mentira.
Para comprobarlo solo hay que emprender un viaje de 305 kilómetros, desde la capital de Zacatecas hasta la ubicación de esa gigantesca mina, para ver que la miseria, el abandono y el subdesarrollo, persisten en términos generales, en todo el semidesierto mazapilense. Hasta el agua del subsuelo, un manantial comunitario y al menos cinco pozos agrícolas, fueron desecados por la sedienta empresa, al usar volúmenes insospechados del vital líquido, en sus procesos de lixiviación de oro y plata, plomo y zinc.
De hecho muchos conflictos sociales y legales han llovido a la trasnacional propiedad hoy de las empresas Newmont de Estados Unidos de Norteamérica y Goldcorp de Canadá. Pero a los accionistas seniors, con sus capitales fusionados recientemente, para constituir la empresa de oro más grande del mundo -operadora de minas en los cinco continentes-, son insensibles e ignoran la mayor parte del tiempo los problemas comunitarios que provocan sus minas, excepto, cuando las actividades de éstas son paradas por un bloqueo.
Es en esos momentos, cuando sus capataces entran en acción, para actuar en defensa de sus competitivas e injustas condiciones de acumulación capitalista. Y para ello lo primero que hacen, es aliarse con los gobiernos locales, apapacharlos, consentirlos, halagarlos, para que sean éstos, los que defiendan los intereses de los amos que despachan en Greenwood Colorado, y en Vancouver.
Mientras tanto aquí, en el enclave, desde los noticieros de radio y televisión, así como de algunos periódicos lacayos del sistema –no se les puede calificar de otro modo-, se han lanzado posiciones y análisis reduccionistas, cortos, maniqueos, que no aclaran y menos explican a la sociedad, la problemática que persiste en el valle de Mazapil. Tuercen y mienten sobre los acontecimientos, para culpar a algunos cuantos, de la incompetencia de los gobernantes en turno.
Algunos culpan a José Narro Céspedes y Felipe Pinedo Hernández de la movilización social contra la minera. Lo cierto es que ambos personajes, líderes de las organizaciones sociales Frente Popular de Lucha de Zacatecas y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, le entraron a asesorar a los campesinos, contra Peñasquito, desde hace muchos años. Seguramente ambos cobran una buena suma de dinero por sus servicios. Porque en estos tiempos ¿Quién trabaja gratis por las asesorías? ¿Acaso Diego Fernández de Ceballos? ¿O Juan Collado?
Y los campesinos y los transportistas siguieron a esos pseudolíderes. ¿Por qué? Porque el gobierno en sus tres niveles: municipal, estatal y federal, desde el principio dejó abandonadas a las comunidades, solas, para negociar frente a las trasnacionales mineras que, por supuesto, llegaron a abusar y a reanudar el despojo de los minerales preciosos, en un acto comparable con el saqueo de la época colonial, de acuerdo con especialistas de la UAZ, UNAM y UAM.
Fue el gobierno inepto y omiso, el que dejó abiertas las “ventanas de oportunidad” a líderes sociales como Narro y Pinedo. Son “vividores”, les acusan. Depende desde qué ángulo se analicen las cosas. Porque la mina Peñasquito hasta los ha acusado de ser “extorsionadores”. Sin pruebas.
La responsabilidad de asesorar jurídicamente y acompañar a los campesinos y transportistas en sus negociaciones y convenios con la mina Peñasquito, recaía sin lugar a dudas, desde el principio, en la ex gobernadora Amalia García Medina y luego en Miguel Alonso Reyes, así como en los ex presidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. Pero no intervinieron, como era su obligación, y dejaron que los “inversionistas” de la mina Peñasquito, llegaran a imponer sus condiciones a Mazapil. Pasados los años y creciendo los problemas, la gente no tuvo otra sombra a la cual acogerse, más que a la de Narro y Pinedo.
A ambos personajes se ha acusado de cobrar sumas millonarias por sus asesorías a los campesinos de éstas y otras comunidades de Zacatecas. Nadie desde el gobierno –donde se originan los señalamientos-, han demostrado con pruebas fehacientes eso.
No sabemos que Narro y Pinedo, sean la madre Teresa de Calcuta. Pero tampoco podríamos etiquetar con ese calificativo benevolente a Amalia, Alonso, Fox y Calderón. Mucho menos a la mina Peñasquito, un ejemplo global del capitalismo basado en la acumulación por despojo, a ritmos acelerados, impresionantes.
Sorprende también la impunidad con la que la mina Peñasquito ha logrado imponer sus condiciones en Zacatecas, a favor de sus accionistas estadounidenses y canadienses, pero a costa de la explotación laboral, la contaminación y destrucción del medio ambiente, el agotamiento del agua dulce, el menoscabo de la salud de los habitantes de la región, y del saqueo de la riqueza natural de Zacatecas, un estado que sigue con algunos de los indicadores socioeconómicos más bajo del país, comparables a los de entidades como Oaxaca y Chiapas.
Desde esta perspectiva, la primera incompetencia en la problemática de la mina Peñasquito, provino precisamente del gobierno. Comenzó, con los ex gobernadores y ex presidentes citados, pero además ha continuado, con el gobernador Alejandro Tello Cristerna –que ha tenido pésimos operadores políticos para intervenir-, quien hoy muy tardíamente, siete meses después, tuvo que apersonarse en Mazapil, para ir a darle la cara a los campesinos y transportistas, fastidiados por el abuso y prepotencia de los directivos de la mina Peñasquito, que el propio Tello incluso, ha llegado a padecer.
Lástima Margarito. Tello Cristerna va a Mazapil tarde, y acepta que las cosas están mal, como todos los sabíamos, y ofrece lo que ya fracasó: su mediación para instalar una mesa de alto nivel, con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Debe recordarse que en junio, López Obrador puso a cargo del problema (cuando Tello Cristerna y sus funcionarios estatales estaba ya rebasados, al igual que Narro y Pinedo), a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación. Ella a su vez, “delegó” el asunto en Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de gobernación, que simplemente quiso jugarle “al vivo”, llegando a Mazapil con una doble mascara: una para los campesinos de San Juan de Cedros, ante quienes profirió una discurso nacionalista, casi expropiatorio, a favor de salvaguardar los intereses nacionales, por encima de los extranjeros.
Pero aquel mismo día, Ricardo Peralta Saucedo ingresó a las instalaciones del complejo minero, y literalmente se deslumbró. Tras una visita guidada, el funcionario federal, representante de la Cuarta Transformación, emitió una postura (ante los pocos periodistas locales a los que el gobierno de Alejandro Tello Cristerna quiso invitar), para defender los intereses de la mina Peñasquito y asegurar que, “por encima de todo”, el papel del gobierno sería “proteger y salvaguardar”, los empleos que genera en la región la minera.
Eso es lo más importante, dijo el representante de López Obrador. Las demandas de la comunidad, ni siquiera las pronunció el ex titular de la oficina de Aduanas del SAT, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y así se instaló una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, que fracasó. Ahí estaban sentados representantes del ejido y de los transportistas. También Alejandro Tello Cristerna estuvo representado con algunos de sus funcionarios de primer nivel. Los directivos de la mina Peñasquito también estuvieron presentes, y todos dialogaron sin llegar a acuerdos durante más de 60 días.
El fracaso gubernamental para mediar y resolver las diferencias entre los dos grupos de interés, tan dispares, llegó a que los campesinos y transportistas reanudaran el pasado sábado 14 de septiembre el bloqueo a la mina Peñasquito.
Ahora ¿quién le va a poner el cascabel al gato? La minera Peñasquito a través de sus capataces en México ha exigido más de una ocasión, que el gobierno estatal y federal, hagan valer “el estado de derecho”, esto es, que desalojen mediante el uso de la fuerza pública a quienes bloquean sus instalaciones “ilegalmente”.
Enviar a policías y militares a desalojar violentamente a campesinos y transportistas con sus familias, no será la más inteligente de las acciones, por las que quieran ser recordados Tello ni López Obrador. Sobre todo, porque hay muchas evidencias, de que la trasnacional minera, ha incumplido muchos acuerdos, y cometido afectaciones sociales y medioambientales irrefutables en Mazapil. Paradójicamente, las cosas están exactamente igual que el 27 de marzo de 2019, cuando comenzó el primer bloqueo de este año. Pero no, quizá están en realidad, peor.
Peñasquito “no ser irá”, de Zacatecas, porque en ninguna parte del mundo, se le permite el saqueo voraz que aquí realiza, con tanta facilidad y tan poca resistencia. Bueno, quizá nada más nos comparemos con África, en lo aceitadas y permisivas que se comportan las autoridades.