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¿Crimen organizado empresarial?


¿Crimen organizado empresarial?

Por Ricardo Arteaga Anaya

América Latina ha sido parte de una red de corrupción creada y conformada por políticos de todos los países y empresas multinacionales, presidentes se han visto inmiscuidos y algunos de ellos han pisado la cárcel gracias a que sus encargados de impartir justicia han tomado el toro por los cuernos y no se han dejado vencer por la corrupción, en México por otra parte, el mismo sistema de justicia ha sido vencido y algunos miembros del mismo han brindado impunidad a funcionarios involucrados en casos de corrupción, uno muy particular: Odebrecht empresa brasileña de construcción que pagó cerca de 790 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África, ello con la finalidad de obtener más de 100 proyectos de grandes obras públicas.

En México esta empresa pagó cerca de 11 millones de dólares y obtuvo alrededor de 40 millones de dólares de ganancias por las obras realizadas, esto entre 2010 y 2016, sin embargo, ningún funcionario ni el ex Presidente Peña Nieto han enfrentado la justicia por su vinculación directa con la empresa, según declaraciones de uno de los empresarios durante su juicio en Estados Unidos, incluso la investigación realizada por el Poder Judicial ha sido turbia y poco se ha sabido de la misma.

Además de casos en los que grandes empresas compran a funcionarios y los corrompen para obtener grandes obras y por ende ganancias millonarias, tenemos empresas fantasmas que han dedicado años a emitir facturación para que se pueda comprobar la contratación de alguna empresa, despacho o asesorías para los servidores públicos sin siquiera haber brindado el servicio o sin siquiera existir realmente como empresa, uno claro ejemplo de ellos en nuestro país es el caso de la gran estafa de Rosario Robles, quien a través de empresas fantasma se brindaron supuestos servicios para llevar a cabo programas sociales sin siquiera realizarlos, en la actualidad ya enfrenta a la justicia quien por años había sido protegida por quienes ahora acusa de haber sido cómplices.

El senado recién aprobó una reforma al artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación mediante la cual se tipifica la defraudación fiscal como un delito cometido por el crimen organizado, además es considerado como una amenaza a la seguridad nacional y para la que se impone una pena de cinco a ocho años de prisión a quién por sí mismo o a través de otra persona compre o adquiera comprobantes fiscales que tengan el fin de justificar operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, es decir que supuestamente fueron realizados.

Esto conlleva una reforma también de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad nacional, entre otras, mediante la cual se establece que cuando tres o más personas se organicen para cometer de forma permanente o en varias ocasiones, delitos como contrabando o defraudación fiscal serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada.

Esto generó debate y el voto en contra por parte del Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, quienes defienden en su intento por defender al sector empresarial, han señalado que es un exceso considerar a un empresario como miembro del crimen organizado, sin embargo, la delincuencia organizada es definida como toda aquella organización compuesta por un grupo de personas con jerarquías, roles y funciones, cuyo objetivo es el de obtener beneficios materiales o económicos a través de la comisión de delitos.

Siguiendo la definición, todo aquel empresario o empresarios que utilizan una empresa para comprobar a algún funcionario o funcionarios la prestación de algún servicio sin siquiera realizarlo se asocian y ya pueden ser considerados como una célula u organización que comete un delito para beneficiarse mutuamente económicamente. Parece inmoral que miembros de las bancadas del pri y pan estén defendiendo a todos aquellos empresarios que cometen estos actos, gracias a todas estas acciones nuestro país ha perdido miles de millones de pesos que hubiesen sido destinados al combate a la pobreza y que han terminado en las cuentas de unos cuantos.

Según definiciones y las reformas recién aprobadas quienes cometan estas acciones están cometiendo acciones de la delincuencia organizada, que no intenten hacernos creer que dicho delito solamente es cometido por quienes secuestran, se dedican a la venta de sustancias ilícitas, entre otras relacionadas a los cárteles de la droga, también ellos han defraudado al país, también han desviado recurso público y por ende han traicionado al pueblo mexicano, también ha existido el crimen organizado empresarial y debe ser sancionado como tal.

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