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Denuncian graves omisiones y violencia institucional por caso de menor dado en adopción sin procedimiento legal


Denuncian graves omisiones y violencia institucional por caso de menor dado en adopción sin procedimiento legal

Zacatecas, Zac.- Violencia institucional y graves omisiones se han registrado en el caso del menor Edwin Palomino García de tan sólo un año y cinco meses que fue dado en adopción sin considerar los procedimientos legales en el municipio de Jalpa.

Así lo dieron a conocer tanto la propia abuela del menor, como un grupo de colectivos encabezados por Mara Muñoz quienes hicieron un enérgico llamado a la Fiscalía de Justicia del Estado, así como a la Comisión de Derechos Humanos para que sean cómplices de un delito de sustracción del menor.

Edwin Palomino García se encuentra no localizado, su vida está en riesgo al haber sido víctima de un delito grave. Actualmente se encuentra activa la alerta Amber por lo que solicitan apoyo para dar difusión a la misma.

El menor Edwin Palomino García de un año cinco meses fue dado en adopción de manera totalmente ilegal por las autoridades de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio de Jalpa, estando al frente de este proceso German Lizalde Frías Delegado de esta institución.

Expusieron que  uando un menor de edad se encuentra en condiciones de vulnerabilidad la responsabilidad de las delegaciones de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes es dar aviso a la Procuraduría Estatal y ponerlo bajo el resguardo de la misma, la cual, en primera instancia debe buscar de inmediato a otros familiares del menor, empezando por los abuelos y abuelas, para hacer los estudios necesarios y proceder a la reintegración del niño o niña con algún familiar. Sólo en caso de que las y los familiares más cercanos no sean aptos para cuidar al menor la Procuraduría Estatal debe abrir un proceso de adopción.

Sin embargo este proceso no sucedió, contrario a ello, cuando el menor Edwin fue puesto a disposición de la Delegación en Jalpa de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, por una persona que estudió de manera minuciosa a la madre del menor, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, para ganarse su confianza y convencerla que le “prestara” a su hijo, que ella lo cuidaría, la Delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas Niños y Adolescentes de manera inmediata entregó al menor a particulares sin seguir el procedimiento legal de adopción.

Además, cuando la abuela se apersonó en la Delegación de la Procuraduría en este municipio a reclamar sus derechos fue engañada por el Delgado haciéndole creer que le entregarían al menor, lo cual no ha sucedido a la fecha.

Desde el 31 de mayo que la abuela materna de Edwin se apersonó en la Delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en Jalpa de manera voluntaria y sin que ninguna autoridad le haya hecho requerimiento o dado aviso que el menor había sido puesto bajo el resguardo de esa instancia ha acudido a diversas instituciones solicitando se haga justicia y se reintegre a su nieto a su familia sin encontrar respuesta satisfactoria hasta la fecha.

 

Esta historia de negligencia, encubrimiento e impunidad ocurrió bajo los siguientes hechos:

-19 de marzo. Edwin se encontraba bajo el resguardo de su abuela materna en una comunidad de Jerez, Zacatecas y la madre solicitó llevarse al menor al municipio de Jalpa, Zacatecas en donde ella vive.

-2 de mayo. La madre del menor accedió a la solicitud de una persona para que le “prestara” al menor, quien aprovechándose de su situación de vulnerabilidad supo ganarse su confianza.

-8 de mayo.  Desde esta fecha no se permitió a la madre ver a Edwin, aunque la persona que lo tenía bajo su cuidado le decía que estaba bien.

-31 de mayo. Al no tener noticias del menor, la abuela se traslada a Jalpa, Zacatecas desde una comunidad de Villa Nueva en donde ella vive, para hacer las indagatorias sobre el paradero de Edwin. Este mismo día la persona a quien la madre le había confiado al menor ante la presión de la abuela le hizo saber que había entregado a Edwin a la Delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de Jalpa. La abuela se trasladó a esta institución y una funcionaria de la misma le dijo que el 8 de mayo el Delegado recibió al menor, la abuela solicitó el expediente del caso y la funcionaria le dijo que no era la persona indicada, negándose a dar información a pesar de que la abuela se identificó como tal. La mandó al ministerio público de Jalpa en donde se entrevistó con la agente público quien quiso persuadirla para dar en adopción a lo que la abuela se negó. La agente del ministerio público les pidió que el 3 de junio fueran con el Delegado de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.

-3 de junio. La abuela y la madre de Edwin fueron a la Delegación de la Procuraduría y fueron atendidas por el Delegado quien les dijo que se fueran y esperaran su llamada, que confiaran en él y que el niño estaba siendo tratado bien por una pareja a quien se lo había entregado temporalmente mientras aparecía algún familiar.

-6 de junio. La abuela del menor estuvo a la espera de la llamada del Delegado y ante la falta de noticias llamó a la Delegación de la Procuraduría y quien atendió el teléfono le dijo que no tenían ningún expediente con ese nombre. Ese mismo día la abuela se trasladó de su comunidad en Jerez a Zacatecas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde dejaron registro de su visita, pero no levantaron queja y la mandaron a la oficina de Derechos Humanos en Jalpa. De ahí la abuela se trasladó a el Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas donde la mandaron a la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes sin levantar una denuncia. La abuela se trasladó a la Procuraduría Estatal donde el Coordinador de Delegaciones de la Procuraduría le dijo que él no tenía notificación alguna de la adopción y que por tanto él no podía hacer nada. Se comprometió a llamarla.

-15 de junio. El Coordinador de Delegaciones de la Procuraduría Estatal llamó a la abuela de Edwin y la citó en su oficina.

-16 de junio. La abuela acudió a la cita con el coordinador de Delegaciones de la Procuraduría quien le levantó una comparecencia en donde relató los hechos.

-1 julio. La abuela del menor acudió a la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en donde el Coordinador de Delegaciones de la Procuraduría le dijo que presentara una denuncia penal sin orientarla legalmente sobre el delito del que estaba siendo víctima. Ese día el Delegado de la Procuraduría en Jalpa se comunicó con la abuela diciendo que había puesto a Edwin a disposición del ministerio público, lo cual era mentira.

-2 de julio. La agente del ministerio público de Jalpa llamó a la abuela diciendo que ese mismo día aseguraría al menor y lo pondría a disposición de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes lo cual no sucedió. La abuela esperó todo el día en la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes hasta que alrededor de las 5 de la tarde vió al coordinador de delegaciones quien le preguntó qué haría, la abuela dijo que denunciaría y el coordinador le dijo que no podía acompañarla al día siguiente.

-3 de julio. La abuela acudió a la Fiscalía General de Justicia a denunciar, el ministerio público le dijo que no podía levantar una denuncia sino llevaba a un abogado o abogada y la envío a defensoría de oficio, lo cual es irregular pues es obligación del ministerio público levantar cualquier denuncia apenas conozca de hechos delictivos por parte de las víctimas. La abuela de Edwin fue a la defensoría pública en donde la abogada que la atendió le dijo que regresara a la Fiscalía y que buscara al fiscal y dijera que le habían robado a su nieto para que de esa manera le hicieran caso.  La abuela se dirigió al Centro de Justicia, la acompañaron a atención temprana de la Fiscalía en donde le levantaron una denuncia. Ese mismo día se activó la alerta Amber.

-4 de julio. La llamaron de la Fiscalía General de Justicia y la citaron. La abuela se trasladó a la Fiscalía en donde aportó pruebas. La agente del ministerio público de Zacatecas envío a la abuela a Jalpa con agentes de la policía ministerial para localizar a la madre de Edwin.

-5 de julio. El representante legal de las personas que tienen a Edwin se amparó contra la Alerta Amber, por lo que la jueza de distrito decretó la suspensión de la Alerta de manera provisional. Se suspendió la Alerta.

-31 de julio. La Jueza de Distrito resolvió negando la suspensión de la alerta Amber, por lo que la Fiscalía debió reactivarla de manera inmediata.

-7 de septiembre. Ante la petición de la abuela a la Fiscalía General de Justicia la Alerta Amber fue reactivada.

-8 de septiembre. La alerta Amber sigue activa, la investigación del delito sigue en curso, no hay detenidos, el menor está sin ser localizado, la autoridad tiene conocimiento de que ya no se encuentra en el municipio de Jalpa. El Delegado de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, quien dio en adopción a Edwin de manera irregular cometiendo un grave delito, sigue en su cargo así como todos los funcionarios y funcionarias implicados.

Del 2012 al 2018 han desaparecido más de 23, 236 niñas y niños en México sin que la autoridad actúe con la debida diligencia y el respeto a los derechos humanos. El caso de Edwin no es un caso aislado en México, las adopciones ilegales que presumen un grave delito son frecuentes, las y los funcionarios de los sistemas DIF así como organizaciones privadas y particulares aprovechan la vulnerabilidad económica de las madres para arrebatarles a sus hijas e hijos.

Por lo anterior la familia de Edwin y las organizaciones que acompañan a la abuela del menor solicitan a la ciudadanía y medios de comunicación su apoyo para la difusión de la Alerta Amber.

Exigen a la autoridad la inmediata localización y resguardo del menor en lo que se reintegra con su familia.

Además. piden se investigue conforme a la debida diligencia los delitos cometidos y se sancione a las funcionarias y funcionarios públicos implicados.

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