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El costo político para el conservadurismo


El costo político para el conservadurismo

Por Ricardo Arteaga Anaya

Por mayoría de diputados de la actual Legislatura local se ha negado legislar en pro del matrimonio igualitario, trece diputados han votado en contra de un dictamen de reforma a nuestra legislación civil local para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo. El debate que brindaron quienes apoyaban dicho dictamen, fue exacto y centrado en donde debe radicar el debate en torno al tema, en brindar derechos, igualdad y justicia a quienes contraigan matrimonio, pues son ciudadanos que al igual que todos los demás y en igualdad de condiciones pagan impuestos y tienen las mismas obligaciones para con el Estado.

Zacatecas es uno de los Estados más conservadores y católicos a nivel nacional, esto significa que los ciudadanos inclinan sus creencias, ideologías y forma de vida (al menos hasta donde nos conviene) de acuerdo a los dogmas, principios morales y éticos de la religión católica. Esto es lo que probablemente debemos analizar par comprender el sentido del voto de estos trece diputados.

Al ser uno de los Estados más católicos, nuestros legisladores temieron al costo político que pudiera representar el votar a favor de legislar el matrimonio igualitario, grupos conservadores encabezados por el obispo del Estado ejercieron tanta presión que ni siquiera tuvieron el valor de subir a tribuna a defender su postura, esperaron, escucharon los argumentos a favor, los ignoraron y decidieron pasar por encima de lo que la Corte ya ha establecido mediante diversas sentencias.

Pudiese creerse que el haber votado a favor hubiese representado un alto costo político ante los grupos conservadores, pro familia, religiosos y otros pocos que fomentan el desprecio, odio y discriminación hacia quienes tienen preferencias sexuales distintas o simplemente un pensamiento distinto al suyo, sin embargo, el costo político al que se enfrentan es mucho mayor, de haber realizado un análisis o un estudio aunque fuese en redes sociales, encuestas o algún otro método que arrojara estadísticas, se hubiesen percatado de que una gran mayoría de ciudadanos están a favor de que se brinden derechos por igual a todos los ciudadanos.

El debate público lo perdieron hace tiempo quienes se oponen al tema, medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión, columnistas, analistas políticos, juristas y una gran mayoría de ciudadanos respaldan y apoyan la causa, motivo por el cual la crítica y el rechazo por parte de otros será el verdadero costo político que tendrán que pagar por haber hecho uso de un cargo de representación popular para votar de acuerdo a creencias personales, presiones de grupos de interés y/o por temor a hacer bien su trabajo.

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