Por Ricardo Arteaga Anaya
Los diputados locales emprendieron una acción que concluyó en el enfrentamiento entre grupos de la sociedad civil, uno de ellos perteneciente a los más conservadores grupos religiosos y el otro perteneciente a la comunidad LGTTB. Este enfrentamiento de opiniones surgió a raíz de que diputados sometieran a discusión la propuesta de legislar a favor en materia del matrimonio igualitario. Tal pareciera que nuestros legisladores buscaron esta confrontación entre ciudadanos para evitar su obligación de adecuar nuestras leyes para brindar derechos a personas del mismo sexo que desean contraer matrimonio y es que el costo político podría resultar grande en uno de los estados más conservadores.
Quienes defienden a la familia natural utilizan un argumento basado en la fe y en la religión, en que el fin de la familia es el de procrear hijos, sin embargo, en medio de su discurso demuestran la intolerancia a adaptarse a una sociedad que evoluciona y que al suceder esto las leyes deben actualizarse para mantener un orden y para promover la justicia social. Lo que nuestros legisladores olvidan es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado jurisprudencia para que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y con ello todos los derechos que de este contrato se derivan.
El matrimonio más allá de ser un contrato es una institución, al existir dicha figura y al contraer matrimonio se adquieren derechos y obligaciones, tanto entre las mismas personas como entre el estado y quienes se casan, la seguridad social es una de los principales derechos que se adquieren, el derecho a heredar los bienes del cónyuge, entre otros derechos que se adquieren mediante la figura del matrimonio.
Pareciese que quienes se oponen fervientemente mediante un discurso radical y violento hacia las personas cuyas presencias son distintas a las de los heterosexuales, desean que los derechos sean para unos cuantos y no para todos los que vivimos bajo un régimen democrático. La jurisprudencia de la suprema corte fortalece lo que el Artículo primero constitucional establece, la no discriminación a ninguna persona por las preferencias sexuales que tenga.
Nuestra legislación hasta el momento ha sido discriminatoria con todas aquellas personas que comparten el mismo sexo y que desean contraer matrimonio y así brindar derechos con quienes desean hacerlo. Esto es algo que ya no debe persistir, la discriminación hacia las personas cuyas preferencias sexuales contradicen a lo que otros consideran como normales debe cesar, nuestros representantes en el congreso deben legislar y actualizar nuestras leyes para proporcionar derechos para todos los zacatecanos, deben evitar continuar fomentando la confrontación entre los ciudadanos y hacer su trabajo, los derechos humanos no pueden someterse a votación como lo han acordado con un grupo conservador que hasta el momento ha fomentado el odio y el desprecio hacia las personas que piensan distinto a ellos.
El matrimonio igualitario debe convertirse en una realidad para que todos los ciudadanos, incluso los que representan a una minoría, puedan contar con todos sus derechos, nuestros representantes populares no tienen ningún derecho a negarse a cumplir con sus obligaciones mucho menos a negarle derechos a los ciudadanos solamente por evitar tener un golpe político. Ninguna persona tiene el derecho de negarle a otro la libertad de elegir lo que crea mejor para su vida.