En menos de dos años, varios homicidios violentos de estudiantes al interior y fuera de distintos campus de la Universidad Autónoma de Zacatecas, han sacudido a toda la comunidad universitaria, provocando un ánimo general de indignación y justo reclamo, contra las propias autoridades de la institución, pero sobre todo contra la ineptitud del Gobierno de Zacatecas.

La ejecución de tres estudiantes de la Unidad Académica de Veterinaria; el homicidio de una estudiante de la Unidad Preparatoria, la reciente ejecución de la joven estudiante de la Unidad Académica de Derecho, y la privación de la vida de un muchacho en esa misma escuela, a manos de policías ministeriales, han sido los casos que más revuelo han generado a nivel estatal y nacional. Pero no solo los únicos.

También han ocurrido y se han mantenido indebidamente ocultos por las propias autoridades universitarias –bajo la presión constante del régimen estatal del PRI-, decenas de casos de secuestros exprés, extorsiones, robos con violencia y la desaparición de personas, tanto de estudiantes como maestros y trabajadores, del año 2010 a la fecha. Muchos de estos casos incluso, denunciados oportunamente ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, pero impunes.

El problema central sobre el que se han enseñoreado las organizaciones criminales en Zacateas y el país es la corrupción de las corporaciones de seguridad pública, de los ámbitos municipal y estatal. Y cuando no, la omisión de los agentes y directivos, en muchos asuntos sensibles. La política de “voltear a ver para otro lado”, el “no meterse en problemas”.

No planteamos aquí suposiciones. Este grave asunto de las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales sin depurar, con agentes reprobados, no confiables, es lo que señala puntualmente el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con corte de información al pasado mes de febrero de 2019.

De acuerdo con el informe, al arrancar este año 2019, en el país tenemos en general más policías reprobados que en el informe previo de 2016.  No solo eso, el problema se agravó en cinco estados de la república mexicana: Sinaloa, Zacatecas, Tlaxcala, Yucatán y Aguascalientes.

En la nota elaborada por la compañera Fabiola Martínez del periódico La Jornada, el pasado domingo 21 de abril de 2019, se da cuenta de cómo “la mayoría de las entidades federativas mantuvieron prácticamente el mismo porcentaje de policías reprobados en los exámenes de control de confianza”, que tres años atrás.

También se da a conocer que la plantilla activa de policías, para las tareas de seguridad y procuración de justicia “permaneció casi sin cambio, pese a las sugerencias de funcionarios y especialistas de ampliar y fortalecer esas áreas”.

“Sinaloa mantiene la situación más adversa en no acreditados en control de confianza policial en general con alza de un punto -de 46 a 47 por ciento en el lapso referido-, pero 53 por ciento de sus agentes municipales no salieron aptos en las pruebas”.

Enseguida se indica “los más altos porcentajes de policías reprobados se ubican en los casos de Zacatecas (50 por ciento); de Tabasco (40); los municipales de Baja California Sur (35 por ciento), los de Guerrero (23), así como los estatales de Nayarit (32 por ciento)”.

Entre otras cosas, se destaca como un hecho grave más, por parte de las Secretarías de Seguridad Públicas Estatales, el hecho de que “no hay datos acerca de cuántos oficiales de las fuerzas del orden han sido dados de baja o cuántos de ellos, pese a estar reprobados, siguen en activo”.

Con todo este contexto, el pasado lunes 22 de abril -dos semanas después de que un sicario ejecutó a una estudiante y policías ministeriales ocasionaron la muerte a un joven con una mala detención, todo al interior de la Unidad Académica de Derecho (UAD)-, autoridades universitarias y funcionarios del gobierno del estado acordaron el “reforzamiento” de las medidas de seguridad al interior de la máxima casa de estudios.

Las dos acciones criminales del pasado 10 de abril aún no resueltas por la Fiscalía General del Estado que encabeza Francisco Murillo Ruiseco: el homicidio de la estudiante Anayeli Noemí Delgado Gallardo de 22 años y del reparador de teléfonos celulares Marcos García Benavidez de 30 años, quienes murieron violentamente al interior de la UAD, teniendo como común denominador la incorrecta intervención, inoportuna e ineficaz de policías estatales y policías ministeriales. ¿Por corrupción, colusión u omisión? Eso deberá aclararlo y deslindar responsabilidades –porque es su obligación y competencia-, el Fiscal del Estado.

Ante la gravedad de este y otros asuntos -no hechos públicos-, se reunieron el lunes 22 de abril en la sala general de acuerdos de Ciudad Gobierno, las autoridades administrativas de la UAZ, encabezadas por el rector Antonio Guzmán Fernández, y funcionarios del gobierno de Zacatecas pertenecientes al Grupo de Coordinación Local de Seguridad Pública, encabezados por Alejandro Tello Cristerna, gobernador de la entidad.

También asistieron Ismael Camberos Hernández, Secretario de Seguridad Pública en la entidad y el general Rogelio Castellanos Franco, comandante de la XI Zona Militar de Guadalupe, Zacatecas, entre otras autoridades.

Del cónclave realizado a puerta cerrada –sin la presencia de los medios de comunicación-, se emitió un comunicado de prensa donde se informó que, por iniciativa del gobernador Alejandro Tello Cristerna, se determinó “atender las propuestas en torno a reforzar las medidas de seguridad en los campus universitarios, en respuesta a los hechos de violencia que se han suscitado, con estricto apego a la autonomía de la institución”.

Pero acomodaticio como es, tibio y sin compromiso con la responsabilidad constitucional que le confirieron los zacatecanos, Alejandro Tello Cristerna evitó referirse al caso del joven Marcos García Benavidez, quien murió  -según el informe oficial de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado-, a causa de “asfixia por sofocación, en su modalidad de compresión torácica y abdominal”, que le causaron un grupo de policías ministeriales al detenerlo, una vez que ya lo tenían esposado, en el suelo.

Entre las acciones deslumbrantes, Alejandro Tello Cristerna dio a conocer que su administración apoyará a la máxima casa de estudios –que tiene una matrícula de 40 mil estudiantes en distintos campus-, para que “en un esquema compartido de recursos se puedan construir bardas perimetrales en los campus donde hay vulnerabilidad territorial y también se mejorare la iluminación”. Paradójicamente al menos la UAD, es una escuela totalmente bardeada y los dos homicidios del 10 de abril ocurrieron a plena luz del día (por si no le habían informado señor Gobernador).

La violencia criminal y los homicidios violentos, dentro y fuera de los campus universitarios, son resultado de los gobiernos fallidos de Alejandro Tello Cristerna y de Enrique Peña Nieto… y de Andrés Manuel López Obrador, si éste no realiza una profunda y estratégica intervención de Estado, para revertir la grave problemática que nos tiene irritados a todos los ciudadanos, no solo a la comunidad universi