Por Alfredo Valadez / Especial para Periómetro
Los miles de muertos y desaparecidos en México “tienen derechos humanos”, y existe a nivel internacional la suficiente evidencia histórica, legal y forense para reconocerles por lo menos tres de estos derechos específicos: el derecho a la identidad, el derecho a volver a la familia, y el derecho a un entierro digno.
Afirmó Claire Moon, especialista en Derechos Humanos de la London School of Economics, durante el encuentro sobre Desaparición Forzada en México, realizado el pasado fin de semana en Zacatecas. La investigadora, con experiencia sobre los casos de desaparición forzada en Argentina y Chile, y estudios sobre el holocausto Nazi y Sudáfrica, lamentó la situación que actualmente se vive en México, donde realiza trabajos de campo desde el año 2015.
Claire Moon participó con la conferencia “Los Derechos Humanos de los Muertos”, en el seminario de Pensamiento Crítico de la unidad académica de Estudios del Desarrollo, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, sobre desaparición forzada de personas en México.
La investigadora inglesa opinó ante decenas de madres de distintos estados del país que buscan a sus hijos o hijas desaparecidos, que actualmente hay condiciones políticas para exigir al Estado el cumplimiento de los tres derechos humanos citados, y restituirles así a esas víctimas “los derechos que le quitaron en la vida: a la seguridad, a la no tortura y tratamientos inhumanos, y el derecho a ser una persona y a tener protección igualitaria ante la ley”.
La también integrante del consejo editorial del British Journal of Sociology, investigadora de casos de justicia transicional, reconciliación, posconflictos, traumas de guerra, reparaciones, humanitarismo y ciencias forenses en diversos países del mundo, es fundadora de la Junta de Gobernanza Ciudadana Forense que busca crear una base de datos de ADN para identificación de restos encontrados en fosas clandestinas.
También realiza una investigación en México sobre las técnicas forenses que usan las familias en la búsqueda de los desaparecidos y los derechos de los muertos, y realiza un proyecto especial sobre la estigmatización social de las víctimas en nuestro país.
En el patio central de rectoría de la UAZ, Claire Moon lanzó una interrogante a familiares de desaparecidos, pero también a otros investigadores, académicos y estudiantes, así como algunos funcionarios gubernamentales presentes en el lugar, ante la crisis de violencia y desaparición de personas que se vive en nuestro país:
“La pregunta que me guía es ¿Por qué los familiares de los desaparecidos, están tomando medidas fuera de lo común? La respuesta es simple y terrible a la vez: porque el Estado les está fallando a los ciudadanos, y la magnitud del problema es enorme”.
Otro problema que del año 2015 a la fecha ha detectado en México, es sobre la negación social de las víctimas, ya que lamentó “básicamente, mucha gente en México cree que las víctimas ‘tuvieron que estar involucrados en algo’. Esta narrativa se ha extendido y estigmatiza a las víctimas, y socava los esfuerzos de sus familias para encontrarlos”.
“Eso también trae desprestigio a los familiares”, planteó Claire Moon, quien enseguida se centró en el enfoque sobre si los muertos ¿Tienen derechos humanos?”, encontrando una respuesta en general, afirmativa, por parte de una gran variedad de profesionales y expertos, como abogados de derecho internacional y científicos forenses.
Este problema dijo, se relaciona directamente con las víctimas no identificadas de crímenes de Estado y victimas de guerra, como en Argentina, Chile, México, Ruanda, la República Democrática del Congo, Sierra Leona, las Filipinas, Bosnia y España. También se relaciona con las muertes de los migrantes en las fronteras de Europa, y de México con Estados Unidos. “Pero hasta ahora, oficialmente, los derechos humanos de los muertos, no han sido establecidos. Y yo pienso que ahora es necesario establecerlos”.
Además el Derecho Internacional Humanitario –el cuerpo legal más importante y relevante hasta ahora-, dijo la investigadora, proporciona varias reglas sobre cómo se deben tratar los muertos. Específicamente regula la búsqueda, recolección, tratamiento, retorno, disposición y la identificación de los muertos. Entre esas disposiciones está la prohibición de mutar o despojar a los muertos, que está categorizada como un crimen de guerra, por atacar la dignidad personal.
“La práctica de devolver los muertos y sus efectos personales, respetando el derecho a una vida de familia. Aquí la ley caracteriza a los muertos, como miembros de una familia. Y su tratamiento digno”.
Otro aspecto importante es el hecho de que existen normas del Derecho Internacional Humanitario, “que prevén que los muertos prevén que los muertos sean enterrados de acuerdo con los ritos de su religión, y que no sean incinerados más que en circunstancias excepcionales y sus tumbas individuales, no colectivas. Y se estipula que los muertos deben ser identificados antes de que el Estado se deshaga de ellos”.
Por todo lo anterior, opinó la investigadora inglesa “este es un momento crucial en México para las familias en búsqueda, si se articulan con los derechos por los muertos”, para localizar a sus seres queridos.
“Estos derechos son claramente derechos humanos, pero derechos humanos que actúan de forma póstuma. De esta forma compensan a los muertos por los derechos que le quitaron en la vida. Derechos que perdió: a la vida, a la seguridad, a la no tortura y tratamientos inhumanos, y el derecho a ser una persona y a tener protección igualitaria ante la ley”.
Frente a miles de fosas clandestinas… el Estado Mexicano, no puede sólo
Madres y padres de desaparecidos de los estados de Coahuila, Sinaloa, Veracruz, Jalisco y Zacatecas compartieron sus testimonios y experiencias en la búsqueda de sus hijos e hijas, y coincidieron en señalar que el Estado mexicano no tiene los recursos forenses -humanos y materiales-, para hacer frente a la problemática de la exhumación e identificación de los miles de cadáveres que se encuentran en fosas clandestinas dispersas por todo el país, por lo que es necesario que se demande auxilio a organizaciones internacionales.
Reunidos en el conversatorio sobre los movimientos de búsqueda de personas desaparecidas, organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, participaron Raúl Reyes Covarrubias, representante del colectivo “Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila”; Natividad Guerrero de “Familias Desaparecidas del Estado de Jalisco”; Guadalupe Valenzuela Palazuelos, de Sinaloa, vocera de “Familias Unidas en busca de una Esperanza”; Anaís Palacios, acompañante de “Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz” y Ricardo Bermeo, de la organización “Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz”.
Como preámbulo, Raúl Delgado Wise, director de la unidad académica de estudios críticos del desarrollo de la UAZ –institución convocante-, puso en claro que la tragedia humanitaria de desapariciones y homicidios violentos, por la que atraviesan México y otros países de América Latina y el mundo:
“Esto es resultado de la política neoliberal que ha devastado a nuestro país, convirtiéndolo en un enclave maquilador, en un territorio de saqueo de recursos naturales y destrucción del medio ambiente, de expulsión y migración orzada, de explotación extrema, de discriminación de género, ética, exclusión social, violencia, desaparición de personas y muerte”.
En el intercambio de experiencias, Raúl Reyes Covarrubias de Coahuila, confesó que en esa entidad, “somos uno de los pocos colectivos del país, que no salimos a la búsqueda de nuestros familiares en campo, ya que desde un inicio la Cruz Roja Internacional, nos dijo que o era necesario que nosotros saliésemos, porque no hay los suficientes laboratorios en México, ni personal para su identificación”.
Incluso dijo, de acuerdo con las actuales capacidades del Instituto Nacional Forense, “es insuficiente, porque haciendo cálculos para las más de 35 mil personas que hay en todo México, aún con 200 especialistas, tendrían ellos trabajo para la identificación de todos esos cadáveres durante los próximos 30 años. Por eso “ante esta emergencia nacional, creemos que es necesario pedir apoyo internacional”, para dicha tarea.
Asimismo se está impulsando desde Coahuila, la conformación de un grupo de expertos nacionales e internacionales, en un “Mecanismo Internacional contra la Corrupción y la Impunidad”, para investigar y juzgar “a presidentes de la república, gobernadores, presidentes municipales y ministerios públicos, para que disminuya la impunidad”.
Por su parte la señora Natividad Guerrero de Jalisco, recordó la grave experiencia de esa entidad, donde desde el SEMEFO se sacaban centenares de cadáveres no identificados para presuntamente inhumarlos clandestinamente.
Con la nueva administración estatal, dijo, recientemente se presentó un nuevo plan de trabajo por parte de las autoridades para trabajar con los familiares de las víctimas, y se ha designado recientemente a la tercera persona al frente de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos.
Pero no hay muchas esperanzas, confesó la señora Natividad Guerrero, quien desde hace nueve años busca a dos de sus hijos que desaparecieron juntos. “Tengo casi nueve años y me he enfrentado como con el diablo. Lo puedo relacionar así, por todo lo que he pasado”.
Coincidió en el hecho de que, al igual que en Coahuila, “en Jalisco hemos considerado ya que no se exhumen los cuerpos que están en fosas clandestinas, porque va a ser, hasta donde yo entiendo, como más difícil, súper difícil que si los dejamos ahí un tiempo, a ver a quien le toca, hasta que llegue una institución internacional para que se hagan las confrontas. Porque en Jalisco todo está súper saturado, han desaparecido cadáveres, han desaparecido expedientes y muestras de nosotros los familiares”.
Pero ante esta posición, la sinaloense Guadalupe Valenzuela Palazuelos, advirtió que eso es una trampa, y propuso a los colectivos seguir presionando a las autoridades a seguir buscando cadáveres de sus seres queridos desaparecidos. Hay que localizarlos, sacarlos de dónde estén -respetando todos los peritajes forenses que se les han recomendado-, y que el Estado se haga responsable de salvaguardar e identificar esos restos.
Porque entre más pase el tiempo pase, mientras transcurran los días, las semanas y meses, los años, dijo “esos restos humanos, esos huesos, se van a seguir descomponiendo y luego va a ser imposible identificarlos, porque habrá un momento en que se conviertan en polvo”.