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En México, 9 de cada diez asesinatos no terminan sentencia condenatoria


En México, 9 de cada diez asesinatos no terminan sentencia condenatoria

CdMx.- La palabra impunidad adquiere un significado total en México, uno de los 15 países más violentos del mundo. No solo por los 29,139 homicidios intencionales registrados en 2017, el año más violento de la historia reciente en el país, sino por la incapacidad para resolver este delito grave que deja cientos de miles de víctimas directas e indirectas cada año.

Los niveles récord de violencia en el país arrojan otro dato escalofriante: casi 9 de cada 10 asesinatos no se resuelven. De acuerdo con Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2018 de la organización Impunidad Cero, en 2017 la impunidad para homicidio doloso fue de 87.5%.

Como sucede con todos los delitos sin castigo, la impunidad en homicidio doloso termina siendo una licencia para matar, pues difícilmente habrá consecuencias. Como explicó el autor del estudio, Guillermo Zepeda, durante la presentación: la extraño no es que haya ese número de homicidios, sino que no haya más.

En este territorio en el que raramente se castiga a los asesinos, hay estados en los que prácticamente no se castiga ningún asesinato.

Con base en las víctimas de homicidio doloso que registraron las fiscalías y procuradurías del país y las sentencias condenatorias para este delito, la organización encontró que los estados con mayor impunidad directa por homicidio doloso en el país son: Oaxaca (99.4%), Morelos (99.3%), Guerrero (98%), Chiapas (96.8%) y Baja California Sur (95.9%).

De acuerdo con datos obtenidos por Impunidad Cero, en 2017 Oaxaca solo tuvo 10 sentencias por homicidio doloso; Morelos, un total de 7; Guerrero, uno de los estados más violentos, solo tuvo 70 sentencias; Chiapas, un total de 21; y Baja California Sur, 30 sentencias por homicidio doloso.

Solo un estado de la República mantiene un buen indicador de impunidad año tras año: Yucatán, con una impunidad directa de -4.3%. Esta entidad volvió a presentar una impunidad negativa, es decir, resolvieron más homicidios (incluyendo años anteriores) que los que se cometieron.

Todos los demás estados, en mayor o menor medida, contribuían a que México era de los 10 países más impunes del mundo para este delito en 2016. Este nuevo estudio resulta más desalentador que el anterior, de acuerdo con los autores, pues “más de la mitad de las entidades presentan evidencia de colapso en su sistema de investigación, persecución y justicia penal (hace dos años era una tercera parte de las entidades federativas)”.

Guillermo Zepeda explicó que mientras los niveles de violencia alcanzaron niveles récord, la capacidad de investigación de las procuradurías y fiscalías en el país se mantuvo en los mismos niveles.

La incapacidad de respuesta del Estado ante la comisión de un delito como el homicidio doloso ha permanecido constante en los últimos 20 años, es decir, el aumento de incidencia delictiva no se ve reflejado en un aumento en la cantidad de investigaciones concluidas, procesos y sentencias.– Impunidad en homicidio doloso en México: reporte 2018.

Con una tasa de 20.50 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2017, México es el país más violento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y algunas entidades del país, como Baja California Sur, Guerrero y Baja California, incluso superan la tasa de homicidios dolosos de algunos de los países más violentos de la región como Honduras (56.5) y Venezuela (56.3).

Fracaso en las estrategias

Para Impunidad Cero, ha quedado de manifiesto el fracaso de las estrategias para contener la violencia y la proliferación de las manifestaciones violentas de la delincuencia organizada. Aún así, hay esfuerzos importantes como en el caso de Durango, que pasó de ser uno de los estados con mayor impunidad en homicidio doloso a ser el segundo con menor impunidad en el país (52.4%).

Para los autores del estudio, es fundamental que el Estado mexicano realice diagnósticos para atender a la población más vulnerable, que acompañe los procesos de reinserción social de quienes salen de los centros penitenciarios y establezca unidades de investigación conformadas por equipos de ministerios públicos, policías y peritos con cargas de trabajo acotadas y operativos específicos.

Un reto clave en el contexto actual es recuperar las instituciones que han sido capturadas por el crimen organizado.

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