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Justicia a Salaverna


Justicia a Salaverna

Por Iván de Santiago

Situaciones de confrontación política suceden a menudo, en distintos niveles y con distintos actores, lo mas recurrente entre actores oficialistas y opositores, entre posturas sobre temas polarizantes como el aborto  o prioritarios como el presupuesto, cada quien tiene su punto de vista, y podría ser el correcto, todo depende de que lado juega.

Sin embargo hay cosas que se entienden y otras que definitivamente son mas complicadas en la propia lógica política. tal es el caso de la guerra mediática que se ha establecido con la Secretaria General de Gobierno y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el desalojo en la comunidad de Salaverna.

El hecho ocurrió a  finales del año pasado, de forma arbitraria, con abuso de autoridad, con bloqueo en los accesos carreteros y con la participación de las dependencias que coordina la Secretaría General de Gobierno, Procuraduría de Justicia y la Secretaria de Seguridad Pública.

Algo que no es tan común que suceda pero que se aplaude que así hubiera ocurrido es que la queja ante la Comisión de Estatal de Derechos Humanos se hizo de forma flagrante, es decir una persona se quejó ante los visitadores de dicha comisión que además tienen la función de dar fe pública en el preciso momento en que eran derrumbadas sus viviendas y la queja procedió.

La queja no tuvo antecedente ordinario, que es cuando la persona acude a las instalaciones de la CEDH y se levanta la queja por escrito, sin embargo asumiendo atribuciones constitucionales, la queja verbal y directa fue el origen de una investigación a fondo que terminó por emitir una recomendación a las instituciones participantes.

Las dependencias participantes se allanaron a la queja, o mejor dicho aceptaron la recomendación excepto la Secretaría General de Gobierno y con argumentos que tienen validez Gilda Fabiola se presenta ante los medios exponiendo sus razones.

La Secretaría General de Gobierno entre otras funciones debe atender los asuntos que le planteen los organismos de la sociedad civil y la población en general; promover y atender los asuntos relacionados con el ámbito rural y agrario de la Entidad; formular y conducir los programas de población en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan; y Conducir las actividades del Ejecutivo Estatal en materia de protección civil, entre muchas otras.

Mucho se habló de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no hacía su trabajo e incluso de cierta subordinación con en Ejecutivo del Estado para algunos asuntos de su interés, ahora el tema es distinto se trata de hacer cada quien su trabajo.

Si la recomendación hubiera sido aceptada con  humildad, responsabilizando a funcionarios menores que tuvieron errores y omisiones que incluso implican la presunta falsificación de documentos oficiales, tal vez fuera un asunto concluido, total ya fueron desalojados. Sin embargo lo único que sucede con la confrontación institucional es que se evidencia su debilidad, lo proclive que es el gobierno de asumir posturas personales por encima de las institucionales, recordemos que las personas se van, las instituciones se quedan.

Ojalá el desenlace sea el acercar posturas  y que el debate sea como hacerle justicia a la gente desalojada y a la comunidad de Salaverna, y no si se acepta o no una recomendación. Ahí es donde le fallan los asesores a la abogada Gilda Fabiola Torres.

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