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Femicidio: De la teoría a la simulación


Femicidio: De la teoría a la simulación

Por Mara Muñoz Galván

Desde la teoría feminista se acuñó el término feminicidio por Diana Rusell (1990) para clasificar los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer. Este término ha tenido gran resonancia en la academia feminista, en el activismo y en la legislación de diversos países, entre ellos México. La primera vez que el feminicidio aparece en una decisión judicial fue en 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nombró este término en la sentencia de González y Otras (Campo Algodonero) vs México. Dicha sentencia refiere al asesinato por razones de género de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, por cuya violación a los derechos humanos el Estado mexicano fue condenado. A partir del 2012 el feminicidio comenzó a considerarse como un tipo penal en la legislación mexicana, el primer estado en incluir este delito en su Código fue Guerrero. Actualmente todos los Códigos Penales de los Estados, excepto Chihuahua, han incorporado el feminicidio.

Antes de la incorporación del delito de feminicidio a los códigos penales de las entidades federativas en México, en 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) definió la violencia feminicida en su artículo 21 como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.” La definición de violencia feminicida deja un amplio espectro que marca directrices que pueden derivar en acciones integrales que van más allá del feminicidio como acto punible, lo cual no ha tenido resonancia en el terreno de la política pública.

Por otro lado, esta ley considera la Alerta de Violencia de Género como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.” Desde las organizaciones feministas que hemos dado seguimiento a las alertas de género decretadas en México, observamos que las “medidas emergentes” que derivan de estos procesos, no son más que paliativos que no abordan el problema de manera integral y privilegian la visión punitiva del fenómeno, proponiendo principalmente medidas encaminadas a incorporar la perspectiva de género en la actuación de las instituciones de procuración y administración de justicia. Por lo anterior, ni en situaciones de emergencia como las que deben presentarse para activar la Alerta de Violencia Género, el Estado Mexicano y sus entidades federativas han dado impulso a soluciones integrales del feminicidio, más allá de la individualización de casos que dista mucho de combatir un problema estructural.

Además, en México la tipificación del feminicidio no ha ido acompañada de una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas. Prevalece una tendencia hacia la punibilidad de este fenómeno social, lejana a una solución de fondo que combata la violencia sistémica que padecemos las mujeres. El feminicidio es la consecuencia de muchas otras formas de violencia que lo anteceden y acompañan, en este sentido el Estado Mexicano ha fallado en combatir las causas de la violencia de género. Más aún, la estrategia que se ha impulsado desde la sociedad civil, específicamente desde los grupos feministas, ha sido tendiente a visibilizar este fenómeno impulsando su castigo, exigiendo justicia en casos individuales o impulsando reformas al aparato de procuración y administración de justicia. Esto ha dejado de lado la intervención comunitaria y, desde un espectro más amplio, la política social que abone a la prevención del fenómeno. La punibilidad del acto feminicida es una tendencia en la forma de abordar el fenómeno en México.

Esta tendencia a la punibilidad ha dejado de lado la impunidad social que marca la violencia feminicida. Es decir, los estados de la República Mexicana no se han comprometido de la misma manera con la inclusión legal del tipo penal, que con el diseño, implementación y evaluación de una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La impunidad social y de Estado en México, conllevan a la inacción ante otros tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, actuando o simulando actuar, por presión social, casi exclusivamente en los casos más graves como el feminicidio, pero privilegiando la visión punitiva del problema.

El derecho penal ha sido utilizado en sociedades contemporáneas como un instrumento para el castigo que tienda a inhibir la comisión de delitos. De esta manera se privilegia la opción punitiva sobre otro tipo de medidas para hacer justicia. Esto nos habla de una visión particular y limitada de la justicia, que se traduce en tribunales, castigo y medidas de reparación que poco satisfacen la garantía de no repetición e inclusive la de satisfacción de las víctimas. Así, vemos como de la teoría que visibiliza un problema tan grave se ha pasado a la simulación por parte del Estado; la consecuencia: la amenaza no cesa, las mujeres y niñas seguimos muriendo por el solo hecho de ser mujeres.

 

 

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