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Sistema Estatal Anticorrupción, contra el tiempo


Sistema Estatal Anticorrupción, contra el tiempo

Por Iván de Santiago

Mucho hemos escuchado sobre el Sistema Nacional Anticorrupción,  y también mucho se asocia como un trabajo exclusivo de las Cámaras de Diputados y Senadores, como si este tema únicamente se engarzara en el orden federal. Sin embargo las reformas que dieron cabida a dicho sistema abarcan la coordinación de distintos órdenes de gobierno y lo más importante, la participación de la sociedad civil, al menos esa es la pretensión.

¿Qué es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)? ¿Para qué sirve?

De acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad IMCO,  La Ley General del SNA define de qué manera se coordinarán y colaborarán las instituciones encargadas de combatir la corrupción y su funcionamiento como un sistema. Establece un Comité Coordinador que determina la elaboración y evaluación de las políticas anticorrupción así como los mecanismos de participación ciudadana.

Del primer paquete de leyes anticorrupción, cinco de siete son fundamentales para generar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno del país:

  1. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
  2. Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
  3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  4. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
  5. Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

No obstante, las sanciones que establecen son la separación del cargo e inhabilitación para cargos futuros, así como sanciones de carácter económico. Es decir, si sólo se aprueban estas cinco leyes los corruptos no acabarían en la cárcel.

Organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos han considerado que esto no garantiza que los corruptos estén tras las rejas y que tal vez con las inhabilitaciones y separaciones de cargo que se establecen como sanciones en las leyes enunciadas no es suficiente. Además de estas exigieron que se agregaran otras dos:

6.- Reformas al Código Penal

7.- Ley de la Fiscalía General de la República (para la creación de una Fiscalía Anticorrupción).

La reforma constitucional de 2015 estableció la creación del SNA para buscar agrupar a las instituciones encargadas de combatir a la corrupción en un mismo comité, con el objetivo de que actúen de manera coordinada y alineados, por primera vez, bajo una Política Nacional Anticorrupción. Su objetivo último será poner fin a la creciente impunidad que rige en nuestro país, cuestión que no se logrará por si solo con este sistema. Requiere el involucramiento de la sociedad y un arraigo permanente en la cultura anticorrupción.

Por otro lado las entidades federativas tienen hasta el 18 de julio de 2017 para implementar sus Sistemas Locales Anticorrupción, y estamos en los tiempos límites que marca la Ley. Por poner algunos ejemplos la Ciudad de México está sin concluir con el procedimiento para contar con un Sistema Local Anticorrupción.

Hay 12 entidades que no cumplen los parámetros para crear un comité local de prevención y combate a la corrupción: Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz;

También 11 estados ya implementan esta ley: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sonora, Querétaro y Nayarit; Durango y Guanajuato fueron calificados con una ley regular.

Nuevo León, Zacatecas y Michoacán cuentan con una Ley calificada como satisfactoria; El Estado de México, San Luis Potosí y Sinaloa una Ley calificada como regular; Yucatán y Coahuila Ley calificada con deficiencias. Campeche, Chihuahua y Tabasco aún no llega ninguna iniciativa de ley a sus congresos locales.

Los parámetros para calificar el avance de los sistemas anticorrupción en los Estados, de acuerdo al semáforo anticorrupción son los siguientes.

 

  1. El Porcentaje de Implementación
  2. Si establece el sistema local anticorrupción del estado
  3. Si establece un comité coordinador
  4. Si existe un comité de participación ciudadana
  5. Si redefine las atribuciones y facultades del órgano de fiscalización superior del estado desde el nivel constitucional
  6. Si otorga facultades al órgano de fiscalización superior del estado, la contraloría general y a los órganos internos de control para conocer, investigar y sustanciar faltas administrativas graves y no graves.
  7. Si Introduce las modificaciones relevantes en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.
  8. Si hace obligatoria la presentación de la declaración de intereses, patrimonial y fiscal (“3de3”)
  9. Si define el régimen de la procuraduría de justicia del estado, inclinándose por una autonomía real del ejecutivo
  10. Y si crea una fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción además de establecer la creación de este órgano jurisdiccional así como determinar responsable de la sanción de las faltas administrativas graves al tribunal administrativo

De acuerdo a éstas características,  Zacatecas tiene una  Ley apegada a los lineamientos generales y que se encuentra en un 85 % de avance en su implementación. Una de las principales características  es que para el régimen de procuración de justicia, se establecen algunos filtros que involucran al Congreso, pero el Ejecutivo sigue siendo un actor fundamental en la designación o remoción de los titulares de estas dependencias, ya que cuentan con una mayoría de diputados.

Faltan por aprobarse ordenamientos jurídicos, la  Ley de Fiscalización para el Estado y sus Municipios, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas entre otros.

Así pues, la ley sigue siendo perfectible y en próximos días veremos si el Congreso de Zacatecas saca  productos legislativos a la altura de las expectativas de la sociedad, permite más autonomía del ejecutivo para el régimen de procuración de justicia y hace efectiva la participación ciudadana.

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