Zacatecas y sus noticias reales

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La obviedad del absurdo


La obviedad del absurdo

Por Mara Muñoz

Antes que nada, disculpen si me notan algo confundida, pero hoy encuentro dos noticias sumamente contradictorias, por un lado, el periódico The New York Times publicó con lujo de detalles como el gobierno mexicano ha invertido más de 80 millones de dólares desde 2011 para espiar periodistas y activistas de derechos humanos en nuestro país. Por el otro, el gobierno de Zacatecas anuncia, a través de su procurador, la creación de una agencia del ministerio público especializada en delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Cuando creí haber visto el punto más alto del cinismo y el absurdo, me encuentro con esta vocación de seguir tendencias de la moda por parte del gobierno de Zacatecas. Esa moda que indica el ser democrático a través de acciones que en el discurso protegen a un gremio con una enorme visibilidad e influencia, como es el periodístico, y a otro sector en pro de los derechos humanos, que cuenta con credibilidad y respaldo social. El objetivo queda claro: legitimarse ante la severa crisis de inseguridad y violencias que el ejecutivo del estado no ha podido siquiera contener, mucho menos resolver.

El ejecutivo federal ha demostrado su incompetencia no solo al no atemperar la violencia generalizada sino al ver pasar como espectador y cómplice el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos que ya se cuenta por decenas en nuestro país. La tecnología de punta que emplea para espiar a personas incómodas al régimen, al parecer no se utiliza para esclarecer los asesinatos en estos gremios, en los que hay más del 99% de impunidad. La fiscalía federal para esclarecer el asesinato de periodistas tiene más que probada su ineficacia. No importa, habrá otra más en Zacatecas, como si fuera modelo a seguir.

Así, el gobierno del estado aprovecha el tren de la barbarie y se trepa para congraciarse con el medio periodístico, el procurador ya sintió el poder de las personas de la comunicación al poner en jaque al exsecretario de Seguridad Pública, quien finalmente fue despedido. Francisco Murillo no está dispuesto a correr el mismo riesgo, más vale aparentar compromiso ante la violencia que, indudablemente, afecta a este sector como nunca antes en México, aunque en Zacatecas las agresiones por el desempeño de su trabajo se cuenten con una mano.

Mientras, los delitos en materia de género que afectan principalmente a las mujeres y niñas continúan siendo parte primordial de la incidencia delictiva en la entidad; lo cual sucede frente a la insuficiencia de ministerios públicos, peritos y policía investigadora. El destino: impunidad y simulación. Ah, pero claro, las mujeres y niñas víctimas de violencia de género no tienen el lobby, no generan opinión pública, para que los altos mandos  de la Procuraduría se dignen a fortalecer mecanismos como el Centro de Justicia para las Mujeres o las agencias especializadas en delitos sexuales y violencia familiar que atienden, plagadas de deficiencias y sobrecarga de trabajo, a las víctimas en tan solo algunos municipios del Estado.

La incongruencia es tan grande que mientras en las entidades y federación no hay dinero para políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, el gobierno federal se gasta, para espiar a diez usuarios de iPhone, 650.000 dólares, además de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de comercialización que revisó The New York Times.

La fórmula es absurdamente obvia: el Estado viola los derechos humanos, gasta cifras millonarias para espiar a quienes luchan por defenderlos, luego  se declara protector de los mismos creando agencias de investigación especializadas para sectores que pueden darle legitimidad. Al resto de las y los mortales, ya nos puede llevar la tristeza, nadie vendrá a ver por nuestros derechos. Así la obviedad del absurdo.

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