La izquierda radical mexicana lanzó ayer un desafío a las autoridades estatales y federales por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Iguala (Guerrero). Medio centenar de organizaciones estudiantiles, sindicales y sociales, incluidos los compañeros de los desaparecidos, acordaron una estrategia creciente, con toma de edificios oficiales, toma de ayuntamientos (los 81 del estado, entre otros), bloqueo de carreteras y marchas por todo el territorio.
El objetivo de esta escalada de exigencia es lograr la devolución de los normalistas. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamaron los organizadores de la autodenominada asamblea popular, celebrada en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, centro al que pertenecen las víctimas.
Entre las “acciones” acordadas se incluye la presentación de un ultimátum al Gobierno que, en caso de no ser cumplido, llevaría a la toma de las sedes del poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial en Guerrero. Como primer paso, para este viernes hay convocada una marcha en Acapulco, y el miércoles otra en Iguala.
Esta deriva de los estudiantes y la constelación de organizaciones radicales, pequeñas pero enormemente dinámicas, que les secundan, añade nuevas espinas a un problema cuya magnitud hace ya tiempo que ha desbordado el marco de Guerrero y se ha convertido en un desafío institucional de primer orden para el presidente Enrique Peña Nieto. La inminencia de una escalada violenta, alimentada por la ira y el dolor ante la desaparición de 43 estudiantes, de entre 18 y 23 años, amenaza con catalizar una reacción de consecuencias imprevisibles, sobre todo, cuando el fantasma del asesinato masivo, aunque nadie lo diga en voz alta, no deja de rondar este escenario. “Protestamos para mostrar nuestra desesperación; no nos podemos quedar callados. Pero si los muchachos han muerto, entonces tomaremos otras medidas”, advirtió un portavoz de una fracción del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En este contexto, a nadie en el Gobierno se le escapa que un enfrentamiento directo contra los estudiantes resultaría venenoso para sus autores y sería rechazado por la mayoría de la población de un país que cada día asiste más espantado al descubrimiento de nuevas fosas, pero que aún no ha visto caer a los autores intelectuales ni dar con el paradero de los desaparecidos. Dos factores que quizá calmarían los ánimos, pero que, a juicio de analistas demoscópicos como Roy Campos, difícilmente pondrían fin a una crisis que se vislumbra larga y que hunde sus raíces en la desconfianza que siente un gran mayoría hacia sus fuerzas de seguridad. Un desapego, cuando no directamente miedo, que el caso de Iguala, con la salvaje compenetración entre policía municipal y sicarios, ha confirmado plenamente.
Este corriente de opinión, desencantada y cada vez más abiertamente critica en temas de seguridad, es la base que sustenta la movilización de las organizaciones de la izquierda radical, a las que la matanza de Iguala ha dado un combustible casi inagotable. A lo largo de las 10 horas que duró la asamblea en la que acordaron las medidas de presión, esta cuestión se erigió en pilar de sus inacabables intervenciones.
Los discursos, algunos, auténticos viajes por el túnel del tiempo, combinaban a menudo referencias a la lucha de clases, la democracia directa y los gobiernos campesinos. En ciertos casos, excepcionales, llegaron a pedir la captura de diputados para su entrega a la justicia indígena.
Otro punto en clave de la protesta que se avecina es el rechazo que genera el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al que se culpa de la descomposición experimentada por el Estado en los últimos años.
Su continuidad en el cargo, pese a las peticiones dentro y fuera de su partido para que se marche, actúa como un imán para estas organizaciones.
